¿Qué tienen en común Jesús Valencia, Adrián Rubalcava, Víctor Hugo Lobo, Nora Arias, Víctor Hugo Romo, Leonel Luna, Jorge Romero, Mauricio Toledo, Alejandro Fernández, Dioné Anguiano, Agustín Torres, Federico Döring, Armando Quintero y Cristian Vargas? Uno: que son candidatos a un puesto de elección popular en la capital del país. Y dos: que todos fueron ligados, por distintos hechos, en posibles crímenes, algunos más grandes que otros. Hay desde aquellos a los que se les relaciona con el crimen organizado, hasta sobre los que existe la sospecha de que usaron recursos públicos en su beneficio.
Y todos ellos fueron postulados por PRI, PAN, PVEM o PRD a pesar de que hay investigaciones en desarrollo. Algunos pasarán de tener fuero en un espacio público, a tenerlo en otro, si salen electos. Muchos tienen, para su fortuna, ese brinco garantizados porque van por la vía plurinominal.
En el caso del Distrito Federal, en donde están en juego las 16 jefaturas delegaciones y 66 diputaciones de la Asamblea Legislativa, son varios los casos de candidatos que pese a señalamientos, denuncias o, en algunos casos, investigaciones en curso, están en la contienda electoral tratando de conseguir el voto ciudadano que los avale.
Por ejemplo, Jesús Valencia Guzmán, jefe delegacional con licencia de Iztapalapa que busca una diputación federal como candidato plurinominal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se encuentra bajo investigación tanto de la Contraloría General como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los posibles actos de corrupción que se ventilaron tras un accidente ocurrido en diciembre del año pasado.
Otro caso es el de Adrián Rubalcava Suárez, jefe delegacional con licencia de Cuajimalpa y candidato a Diputado local por la fórmula PRI-Partido Verde Ecologista de México, quien fue denunciado el pasado 9 de marzo por militantes del Partido Revolucionario Institucional ante la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con el grupo de secuestradores “Los Claudios”, uno de los cuales fue servidor público en la demarcación. El mismo Partido de la Revolución Democrática (al que antes perteneció) lo ha acusado también de dirigir a dicha organización, quienes habrían amenazado y agredido físicamente a perredistas por pintar una barda alusiva al diputado federal Luis Cházaro y, recientemente, habrían agredido a brigadistas del PRD. También los señalan de intimidar a los opositores del delegado y retirar a la fuerza propaganda política de los partidos opositores en la demarcación.
Por su parte, Víctor Hugo Lobo Román, actualmente Diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) buscando repetir la jefatura delegacional de Gustavo A. Madero bajo las siglas del PRD, ha sido acusado de ser responsable de la huida masiva de hoteleros, restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios en la delegación. También tiene tres averiguaciones previas por abuso de autoridad y agresión física presuntamente por parte de trabajadores que están en la nómina de la delegación y que estarían a sus órdenes. Y por si fuera poco, se le acusa de extorsionar taxistas, vendedores ambulantes y constructoras que trabajan para la delegación, por vender plazas de empleados públicos y perseguir a los funcionarios que no quieren acompañarlo a sus actos de proselitismo.
Su esposa, Nora Arias Contreras, se desempeñó como directora de Desarrollo Social y ahora también compite por una diputación local con el PRDa pesar de la reputación de su esposo y las acusaciones contra ella misma por continuar con el uso indebido de programas, desvío de recursos y extorsiones.
Y así como ellos, la lista continúa, Lo que se desconoce, en casi todos los casos, es si realmente la Procuraduría General de la República (PGR); la local, la PGJDF; los órganos de vigilancia o los mismos partidos realmente los tienen bajo investigación aún cuando hay denuncias formales.
Los requisitos que actualmente contempla la ley electoral para el registro de candidatos a puestos de elección popular son mínimos y no prevén la entrega de declaraciones de bienes, de intereses ni fiscales. Tampoco se revisan los antecedentes penales ni se acredita que las personas interesadas en ocupar un cargo de elección popular no enfrenten procesos judiciales o administrativos por el desempeño de su trabajo.
A pesar de que en muchos casos los candidatos ya han ocupado cargos de elección popular o han desempeñado puestos en la administración pública, tampoco se les obliga a probar que no pesen sobre ellos acusaciones o imputaciones por el mal desempeño de sus funciones.
Analistas y expertos explican que en la legislación actual no existen mayores requisitos para poder otorgar el registro a los candidatos, pese a los señalamientos en su contra.
Los órganos electorales, tanto en el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) “pueden hacer muy poco porque de acuerdo con la ley lo único que puede impedir el registro de algún candidato es la existencia de un auto de formal prisión y la internación del sujeto de quien se trate”, detalló el experto Eduardo Huchim May.
“Esto evidentemente puede parecer inadecuado, puede parecer incorrecto. Pero también es cierto que existe una disposición constitucional que es la presunción de inocencia […]. En estos casos ya queda a juicio de los electores si les parece que esos candidatos son idóneos para representarlos o no”, planteó.
A decir de Salvador Mora Velázquez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de una práctica negativa para la democracia, pues en lugar de que los candidatos se legitimen con su trabajo, el que algunos de ellos puedan contender por un cargo de elección popular pese a acusaciones en su contra enrarece la competencia electoral.
En su opinión esto abona también a la falta de legitimidad de la clase política y a su descrédito frente a los ciudadanos.
El politólogo René Torres-Ruiz, académico de la Universidad Iberoamericana, coincidió en que postular a personas sobre las que pesan señalamientos negativos o acusaciones repercute negativamente en la confianza ciudadana hacia los partidos políticos.
“Las bases se sienten excluidas en el proceso de consulta, de cómo se van definiendo estas candidaturas. La ciudadanía lo que ve es que muchos de estos candidatos son gente con antecedentes dudosos, gente con muy poca ética pública, corruptos, que han gozado de impunidad, que se escudan en el fuero para hacer lo que quieran, entonces yo diría que el daño es importante [y] deben los partidos políticos replantear los procedimientos que están empleando para definir las candidaturas”, expuso.
Huchim May, ex consejero del IEDF, agregó también que los partidos deberían hacer una análisis de las denuncias que se presentan en contra de sus aspirantes como un ejercicio de auto control, “debe haber por parte de los partidos políticos un elemental respeto al electorado para que no le presenten candidatos no idóneos o que están bajo sospecha o que incluso con denuncias en su contra”.
¿El gobierno que merecemos?
Pero la responsabilidad no recae únicamente en los partidos que postulan a candidatos cuestionados, consideraron los especialistas. También los ciudadanos son responsables en la medida en que avalen con su voto a esos candidatos.
“Creo que hasta el día en que el ciudadano castigue estas omisiones, estas peculiaridades de elección de candidatos será cuando el partido tenga que poner demasiada atención en los filtros que establece para la elección de candidatos”, comentó Mora Velázquez.
Se trata, en todo caso, del último eslabón de una cadena de legitimaciones tácitas a ese tipo de candidaturas y de la que también forman parte las instituciones electorales.
Torres-Ruiz expresó al respecto que ello se suma al cuestionamiento de un sistema electoral de por sí desacreditado por hechos como la compra y coacción del voto y la opacidad de los recursos que llegan y alimentan las campañas de todos los partidos políticos.
“Es un sistema electoral cuestionado, que no genera la confianza en la ciudadanía de que esos mecanismos, procedimientos, leyes, funcionen adecuadamente porque no se está blindando de alguna forma que lleguen a través de esos mecanismos gente proba, gente honesta, gente preocupada por recuperar los intereses y demandas ciudadanas”, planteó.
Asimismo planteó que la legislación electoral debería incorporar como un impedimento para postularse a una candidatura el tener en marcha un proceso legal en su contra, o que le hayan hecho señalamientos de corrupción, de mal uso de recursos o que se haya visto implicado en alguna situación que pueda constituir eventualmente un delito.
“Creo que la legislación en ese sentido es defectuosa y debería de corregirse”, expresó. También expuso que ese tipo de prácticas abonan a la impunidad pues al respaldar su eventual incorporación a cargos públicos, se les está librando de enfrentar una responsabilidad de tipo penal o civil.
En el proceso electoral en curso, que culminará con los comicios del próximo 7 de junio, por primera vez se han creado mecanismos para fomentar la rendición de cuentas de los candidatos, como la plataforma “Candidato transparente”, impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana. La iniciativa promueve que los candidatos hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Huchim May consideró que esta es una muy buena iniciativa del IMCO y organizaciones de la sociedad civil. “Me parece que quien lo haga o quien se comprometa, en caso de que gane la elección, puede ganarse la confianza del electorado porque esa sería una señal de que quiere llegar al cargo al que aspira a servir y no a hacer dinero, a enriquecerse o a dedicarse al tráfico de influencias”, dijo.
También en este proceso electoral, algunos partidos políticos han promovido que sus candidatos se sometan a pruebas de confianza, realizadas por instancias públicas como la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en ambos ejemplos se sigue tratando de acciones voluntarias. Mora Velázquez cuestionó que los partidos políticos no se responsabilicen de ser los primeros en verificar los perfiles de sus candidatos.
“Al final del camino no están siendo responsables y finalmente hay que advertir que esto deviene en que los partidos políticos al elegir estos candidatos estas cuestionando también su propia trayectoria y su imagen política ante el ciudadano”, planteó.
En las campañas electorales en curso tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional han exhibido conductas cuestionadas de sus oponentes políticos. Sin embargo, Mora Velázquez no ve que ese tipo de campas negativas sirvan al ciudadano para enterarse de la calidad de los candidatos políticos, ya que, dijo, se construyen a partir del escándalo y no buscan clarificar a la gente la información que están presentando.
Con información de Sin Embargo.
Sé parte de la conversación