El SAT acusó en 2013 a Elba Esther de no declarar más de 7 mdp
El TFJA anuló la resolución del SAT a causa del ejercicio de facultades discrecionales y por vicios de forma
Elba Esther Gordillo Morales, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ganó un juicio al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para no pagar más de 19 millones 323 mil pesos por Impuestos Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el pasado 22 de enero la resolución del SAT con respecto al crédito fiscal, debido al ejercicio de facultades discrecionales y de vicios de forma, ya que no se otorgó a Elba Esther las garantías para argumentar a su favor, informó El Universal.
El SAT acusó a finales de 2013 a Gordillo Morales por no declarar ingresos por 7 millones 883 mil 606 pesos con 65 centavos, generando multas y recargos.
Estos ingresos no declarados se habrían revelado mediante depósitos y pagos a tarjetas de crédito a su nombre, luego de hacer excesivas compras en Estados Unidos.
De acuerdo con el TFJA, la defensa de Elba Esther indicó que los pagos eran reembolsos del propio sindicato, dado que se trataba de gastos de representación provenientes de una partida especial y gastos de relaciones públicas derivadas de su encomienda como presidenta vitalicia.
Los estados de cuenta en posesión de mencionado diario detallan que hizo comprar en tiendas de prestigiadas marcas de ropa, pagos en hoteles de cinco estrellas, estéticas de belleza, y joyerías.
Durante el juicio por el adeudo, el SAT le embargó a Gordillo cinco inmuebles en la Ciudad de México. Para acreditar su inocencia, la maestra Elba argumentó que las autoridades dejaron de valorar las pruebas aportadas al proceso de auditoría, las negativas del SNTE a atender sus pedimentos de la documentación contable, así como los pagos de las tarjetas de crédito.
Por lo tanto, Gordillo Morales demostró que las resoluciones impugnadas eran ilegales, que iban en contradicción al principio de buena fe en materia tributaria y se determinó que habían violado la garantía de audiencia y el derecho humano de acceso a la justicia.
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