Ciudad de México, 28 de marzo.– La golpiza que policías de Tabasco le propinaron a un grupo de mujeres indígenas que reclamaban el apoyo económico para la instalación de una maquiladora, las amenazas de extorsión por parte del crimen organizado a empresarios y pobladores, la creciente inseguridad que acosa a migrantes centroamericanos, el bajo nivel educativo y el desempleo, son algunas de las situaciones que en las últimas semanas han colocado a la entidad en el ojo de la opinión pública.
El estado de Tabasco, conocido también como el “Edén de México”, es considerado el más poblado del sureste mexicano, con 2 millones 238 mil 603 de habitantes, según el más reciente censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
La entidad es gobernada desde el 1 de enero del año 2013 por el perredista Arturo Nuñez Jiménez, quien llegó a la gubernatura apoyado por la Coalición Movimiento Progresista integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), también fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) gran parte de su vida, pero renunció cuando perdió la elección interna.
Desde el inicio de su mandato, el Gobernador ha sido un impulsor de las reformas del Presidente Enrique Peña Nieto.
Más Policías…Y más violencia
De acuerdo con cifras del INEGI, Tabasco es el estado que alberga el mayor número de policías en el país, tiene 296.14 agentes por cada cien mil habitantes cuando Michoacán o Guanajuato tienen 64.69 y 76.57, respectivamente.
También se ubica entre las entidades con el mayor número de agencias y fiscalías por cada 100 mil habitantes, con un porcentaje de 3.0 a 5.9, además de concentrar el mayor número de personal laborando en dichas dependencias, el cual va de dos mil hasta tres mil.
A pesar de ser la entidad más vigilada por elementos policiacos y contar con el mayor número de instancias de impartición de justicia, el número de robos, extorsiones y secuestros se mantiene a la alza en la entidad tabasqueña.
Las cifras del INEGI revelan que en cuanto a la tasa de prevalencia delictiva, Tabasco se ubica entre las entidades con el mayor número con un registro de 20 mil 837 personas que fueron víctimas de algún delito por cada 100 mil.
En materia de proceso penal, el estado fue junto con Chihuahua, de los que registraron más querellas, con más de 50 mil.
La querella es una acusación que se presenta ante un juez o un tribunal competente.
En cuanto al número de resoluciones en la primera instancia en materia penal, Tabasco se ubica entre las 10 entidades más bajas con 0.56 por ciento.
En materia de centros penitenciarios estatales, la entidad sureña cuenta con 18, lo que la ubica como el tercer estado con el mayor número de reclusorios, penitenciarías y cárceles, sólo superada por Zacatecas y el Estado de México con 19 y 20, respectivamente.
En el porcentaje de población reclusa que no ha recibido sentencia por entidad federativa, Tabasco se ubica entre las más altas, con un porcentaje de 60.01 a 63.96.
Las cifras en materia de inseguridad del INEGI no distan mucho de las publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), quien en su más reciente informe que abarca datos hasta febrero de este año revelan que Tabasco presenta una incidencia delictiva de 60 mil 705.
En tanto que las tasas más altas de extorsiones se concentran en Nuevo León, Jalisco, Tabasco y Quintana Roo.
En materia de equidad de género, Tabasco , Puebla y Sonora, son los estados que no reportaron tener una mujer al frente de las instituciones que conforman las administraciones públicas, mientras que Coahuila, Morelos y Campeche tienen el mayor porcentaje de mujeres laborando en las instituciones administrativas, informó el INEGI.
De bajada: empleo y educación
De acuerdo con datos publicados ayer viernes por el INEGI, Tabasco encabezó la lista con la mayor tasa de desempleo, al ubicarse en 6.4 por ciento, seguido del Distrito Federal con 5.8 por ciento y Durango con 5.7 por ciento.
En materia de educación, el estudio “Malgasto educativo” elaborado por la organización Mexicanos Primero, detalla que el porcentaje de niños que no tienen la posibilidad de estar en un salón de clases en el estado de Tabasco oscila entre el 20 y 15 por ciento, de los más bajos del país sólo superado por Michoacán, Oaxaca y Guerrero.
Peligro para migrantes centroamericanos
La Organización Internacional para las Migraciones junto con agencias de la Organización de Naciones Unidas, informaron que en los últimos 15 años, los estados del sureste de México [Tabasco y Chiapas] se han convertido en un paso peligroso para los migrantes, en su mayoría centroamericanos, los cuales han sido víctimas de delitos como secuestros, extorsiones, tráfico y trata de personas, careciendo de servicios a los que los migrantes tienen derecho.
El pasado mes de febrero el Coordinador General del Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tabasco, Ricardo Poery Cervantes mencionó en entrevista con diarios locales que en los últimos meses el índice de niños migrantes ha ido en aumento, siendo Tenosique el principal municipio que aloja a estos infantes.
De la misma manera, destacó que se encuentran trabajando para enfrentar este problema que poco a poco los ha ido rebasando, al grado que el recinto donde se encuentran los pequeños no es suficiente para garantizar la comodidad.
Más Violencia
El pasado 22 de marzo un grupo de encapuchados lanzaron explosivos a dos carros tanques y un tractocamión de la compañía contratista de Pemex, Key Energy Services, por no pagar “protección”, aunque Protección Civil local lo manejó como sólo un “incendio”. Hasta después, el Fiscal Fernando Valenzuela Pernas aceptó que el móvil del ataque en Villahermosa era la extorsión.
“La hipótesis para nosotros más sólida, la primera línea de investigación, es la extorsión en función de lo que se ha venido diciendo”, dijo Valenzuela.
Recordó que el pasado 11 de enero se incendiaron cinco vehículos de la empresa Global Water, caso del que existe la sospecha “fue provocado”.
Ante estos hechos, la cúpula empresarial mexicana reaccionó al ataque exigiendo seguridad.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estatal, Jorge Navarro, dijo que en los últimos tres años, la incidencia de extorsiones y secuestros en Tabasco ha crecido. Ante el aumento del número de casos y víctimas, el sector empresarial en la entidad, uno de los más afectados por el “cobro de piso” de organizaciones delictivas, se han inclinado por una prevención propia de esos crímenes sin depender de las autoridades, agregó.
La Confederación Patronal de la República (Coparmex) advirtió por su parte que los recientes ataques a la empresa Key Energy Services ante la presunta falta de pago de “cuotas” a grupos criminales, podría tener repercusiones en las inversión tanto estatal como del país en general. El organismo empresarial hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que se implemente un plan contra la extorsión como se ha hecho en el combate el secuestro.
El caso más reciente que colocó a Tabasco en la mira de la opinión pública sucedió el pasado miércoles cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal golpearon a mujeres indígenas que reclamaban apoyo económico para la instalación de una maquiladora en Macuspana.
Miembros de la organización indígena chontal México Despierta, que mantenían una huelga de hambre frente al Centro Administrativo del Ayuntamiento de Villahermosa, pretendían entregar un escrito en el que se le exigía apoyo económico al Gobernador, quien entregaba maquinaria a pequeños productores locales en la explanada.
Pero les fue impedido el paso. Los ánimos se encendieron y elementos del cuerpo de seguridad decidieron detener al líder de la organización, Julio Cesar Álvarez de los Santos, a lo que las mujeres se opusieron. Fue entonces que algunos de policías forcejaron con las indígenas, y otros pasaron a los golpes y patadas en contra de ellas.
Pero lo que más indignó a la sociedad fueron las declaraciones del Gobernador Arturo Núñez, quien señaló que
“el gobierno a presión no responde” .
Medios locales reprodujeron un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco en el que decía que “mantener el orden público y garantizar el libre tránsito de las personas constituyen dos condiciones fundamentales que el Estado mexicano está obligado a salvaguardar sin ceder a presiones o chantajes de ningún tipo, por lo que todo acto que atente contra esos derechos de la ciudadanía será siempre atendido sin cortapisas con los instrumentos que establece la ley”.
Con información de Sin Embargo
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