El fuero constitucional del que gozan legisladores y gobernantes es una protección que funciona como en tiempos de la Colonia, dice Buscaglia.
México carece de una política de Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a los potenciales testigos de los crímenes.
Así, planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer el paradero de las víctimas.
Buscaglia participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.
Otro problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que, dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante la Colonia.
“Tenemos que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
Fuente: Sin Embargo
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