Por: Fernando Ortiz C.
El 18 de junio pasado se puso en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria en nuestro país, con esto México avanza hacia la eficiencia de un sistema que a lo largo de la historia ha presentado continuas fallas, lagunas, impunidad o aplicación de la ley para algunos, mientras otros sortean las carencias de un modelo lento y en ocasiones alejado de los derechos de las personas.
Una de los principales puntos en los que se pone énfasis en el nuevo sistema es en la figura básica de la presunción de inocencia, un avance radical donde se asegura de alguna manera las garantías necesarias para la defensa de los acusados; esto es un enorme avance pues el sistema anterior al parecer carecía de este criterio y aplicaba la máxima de: “culpable hasta que demuestre lo contrario”.
Según la abogada Gabriela Ortiz Quintero, quien es una de las principales promotoras de estos cambios en el sistema penal acusatorio y que ha impulsado por más de diez años los juicios orales en nuestro país, menciona que: “Recordemos que a diferencia del sistema escrito, este sistema es público, da pie al escrutinio ciudadano y pretende ser entendible para todos y todas. Queremos que cuando un juez emita una resolución entendamos de qué se trata y no nos hable en lenguas muertas, ocultas o medievales, igual con los defensores o quienes nos acusen. Pero sobre todo que sean respetados nuestros derechos como víctimas, como imputados y como ciudadanos”.
Gabriela Ortiz relata una anécdota, de la cual fue testigo, donde una jueza de control del Estado de México, al dirigirse a un imputado quien había señalado que fue víctima de abuso policial, recibió como respuesta de la autoridad que se abriría una investigación complementaria dado que la abogada defensora no había demostrado la inocencia de su cliente.
Este es el tipo de situaciones que se pretenden eliminar o reducir, con más transparencia teniendo como mecanismo las audiencias públicas y no solo ser sentenciado hasta que se demostrara que todo pudo ser causa de un error.
La criminalización colectiva de ver presuntos culpables en cada individuo parece que es el concepto que rige a las autoridades y departamentos de justicia; ser culpable y criminal hasta que se tengan los argumentos suficientes para hacer cambiar de opinión a la autoridad y dar como veredicto final que el culpable demostró su inocencia. Esto es una forma mezquina de ofrecer justicia porque a los verdaderos criminales se les trata con el concepto progresista y moderno de presunción de inocencia.
Claro siempre es más fácil acusar que investigar, es más fácil señalar que dedicar tiempo a un proceso que conlleve a exonerar o culpabilizar al individuo. Es por esto que las deficiencias en las defensas de los acusados buscan mejorarse con este nuevo sistema, de tal manera que no solo la acusación sea motivo de culpabilizar al individuo dejando a un lado la actual justica penal plagada de corrupción, deficiente capacitación de los involucrados, la impunidad y la falta de conocimiento de las leyes.
Son avances que se van dando a cuenta gotas pero que representan un gran paso para que la impartición de justicia en nuestro país evolucione y deje de ser excluyente, torpe y sobre todo costosa.
Algunos dirán que no servirá de nada modificar un sistema podrido y deficiente como el actual, donde los actores serán los mismos que han sucumbido a la corrupción o han promocionado la impunidad, no se puede concebir cómo es que más de tres cuartas partes de los homicidios en nuestro país queden sin resolver y pasen al olvido. Con las implementaciones que se están haciendo al sistema penal al menos se están creando medios para maniatar estas prácticas.
Con esto también se busca fomentar y construir la confianza de la sociedad en el sistema judicial, la cual se ha perdido por este modus operandi de las autoridades de culpabilizar al acusado sin tener la certeza de que a quién se le culpa sea el verdadero infractor y causante del delito.
La protección de los derechos de los acusados se torna crucial para recuperar esa confianza perdida en la justicia y su aplicación en México. Esto puede parecer un romanticismo que se diluirá a lo largo del tiempo o conforme se comience aplicar dichos cambios, donde se vean rebasadas las estructuras y las instituciones para establecer el estado de derecho a lo largo y ancho del país.
Laura Magaloni, puntualiza: “Si el proceso judicial es percibido por las partes como justo, los procesos serán más legítimos”. También tenemos la postura de la abogada por el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) Layda Negrete quien declaró: “La justicia penal hasta hoy ha sido como la casa de los sustos: nadie quiere entrar”; A lo cual yo añadiría: y del cual muchos no pueden salir.
Un reconocimiento para todas esas personas que han dedicado tiempo, esfuerzo y lucha para ir avanzando en estos cambios, procurando lograr una sociedad más justa y sobre todo viendo por las causas de los olvidados o de los que simplemente son víctimas de un error que han aceptado porque en este país se es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
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