La resolución fue avalada por la mayoría de los congresistas
Lo sancionaron por violar principios constitucionales en actos proselitistas en Colima
Con las instalaciones custodiadas por decenas de elementos estatales y agentes de la Procuraduría General de Justicia, el Congreso del Estado de Colima aprobó la destitución e inhabilitación por siete años del presidente municipal de Cuauhtémoc, el panista Rafael Mendoza Godínez.
La mayoría de los diputados presentes avaló el decreto de la sanción al mismo tiempo que afuera protestaba un grupo de simpatizantes del funcionario, durante la sesión legislativa que se llevó a cabo la noche del sábado 25.
Jorge Luis Preciado Rodríguez, el edil de Cuauhtémoc fue acusado de realizar proselitismo político en la elección extraordinaria a favor del candidato del blanquiazul a la gubernatura pues no acudió a la sesión del Congreso a la que había sido citado, ya que en ese momento encabezó un bloqueo de la autopista Colima-Guadalajara —a la altura de su municipio—, acompañado por el propio Preciado, el diputado federal Fernando Antero Valle y otros representantes de su partido.
La resolución del juicio político fue presentada por la Comisión de Responsabilidades ante el pleno, que se erigió en Jurado de Acusación y fue avalada por 17 de los 18 diputados presentes.
La diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, fue la única que cuestionó el documento y votó abstención.
Según el dictamen, la sanción de Mendoza impuesta por el Congreso atendió a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que instruyó al Poder Legislativo colimense “proceder conforme a derecho” contra el edil por violaciones a la normativa electoral en enero de 2016.
El decreto con la resolución será turnado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que éste, erigido en jurado de sentencia, imponga las sanciones que correspondan a más tardar el próximo 10 de marzo.
Según la sentencia de la Sala Regional Especializada del TEPJF, Mendoza Godínez violentó principios constitucionales en actos proselitistas de la campaña extraordinaria de gobernador los días 9 y 11 de enero de 2016, celebrados en Cuauhtémoc, .
Aunque Mendoa dijo haber ido como ciudadano, pues en ese tiempo había solicitado una licencia sin goce de sueldo, el TEPJF consideró que al haber invocado el cargo de presidente municipal que ostenta durante su mensaje en los actos proselitistas celebrados en su municipio, así como al haber utilizado su investidura para favorecer la entonces candidatura de Jorge Luis Preciado, vulneró el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.
La diputada Zepeda Mesina consideró excesiva la sanción impuesta por los diputados, pues la sentencia del TEPJF no refirió que la actuación de Mendoza Godínez haya sido grave.
Cuestionó el hecho de que se encuentran pendientes de dictaminación asuntos rezagados en los que se implica en malos manejos administrativos al exgobernador Mario Anguiano Moreno y otros exfuncionarios.
“¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que vamos muy rápido en algunos asuntos y lentos en otros?”, preguntó, y dijo esperar en lo sucesivo una actuación del Congreso “sin distingos de colores”porque “La justicia tarde es injusticia”.
En respuesta, el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, señaló que el Congreso “es garante de la legalidad” y se vio precisado a actuar para evitar caer en desacato.
Calificó como “un falacia” las declaraciones en el sentido de que la sanción contra Mendoza “es una jugarreta del PRI”, pues “el asunto que nos convoca es de naturaleza y carácter jurídico, no político”.
Por su parte, el coordinador de la fracción Nuestro compromiso por Colima, Nicolás Contreras Cortés, lamentó en la tribuna que algunos actores políticos “pretendan engañar a la población con argumentos de que este proceso es una venganza política contra un alcalde panista”, por lo que reiteró que el asunto “es de carácter institucional, no político”.
Fuente: Proceso
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