El proyecto se aprobó en la administración del exgobernador Roberto Borge
La abogada que promovió el amparo para lograr la cancelación de las obras dijo que hasta el momento no se ha hecho justicia en el caso y los culpables del daño ecológico siguen impunes
Diferentes organizaciones civiles a favor del medio ambiente exigieron que se aplique la justicia en contra de funcionarios de la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quienes otorgaron los permisos para llevar a cabo el megaproyecto comercial Dragon Mart Cancún, el cual provocó serios daños al ecosistema costero que está ubicado a 3 mil 500 metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos y sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán.
A pesar de que el pasado 26 de enero de 2015, Eduardo Sánchez, vocero de presidencia de la República, y Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, confirmaron la cancelación de los trabajos de este proyecto debido a los daños ambientales, la abogada que promovió el amparo para lograr esto, dijo que hasta el momento no se ha hecho justicia en el caso.
La intención de este proyecto era construir un complejo comercial, turístico y habitacional, integrado por 3 mil 040 locales, 722 viviendas, una planta desaladora, y más, en un predio de 561 hectáreas. En octubre de 2012, apenas un año después de que Borge Angulo asumiera la gubernatura de Quintana Roo se planteó que el proyecto sería el más grande centro de exhibición y venta de productos chinos, fuera de su país de origen.
Unos de los primeros en alertar sobre el causaría esta obra fue el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quienes acusaron que debido a la magnitud del proyecto se afectaría el ecosistema costero, por lo que debían apegarse a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y a su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA).
Así, la misma Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que esta obra no contaba con registro de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, se desconocían los riesgos que podría representar para el medio ambiente y los recursos naturales.
Más adelante, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) envió una notificación a esta empresa sobre una multa de más de 7 millones de pesos debido a que no contaban con el registro de impacto ambiental.
Al ser entrevistada por el portal de noticias SinEmbargo, la abogada que interpuso el amparo, Alejandra Serrano Pavón fue de las primeras en celebrar la actuación de la Profepa, por lo que exigió que los daños ocasionados al predio sean resarcidos y los responsables sean sancionados, a fin de evitar que otra devastación similar suceda en el país.
“Afortunadamente la Profepa, con el procurador Haro, hizo la diferencia porque le ha dado un seguimiento puntual al caso. Desafortunadamente, la Profepa (de la delegación quintanarroense, entonces a cargo del funcionario Guy Adrián Piña Herrera), no había reconocido ni el daño ni que se trataba de selva ni que era un ecosistema importante y que requería la autorización de impacto ambiental”, aseguró Pavón.
“Como ciudadana, como quintanarroense, como mexicana me da mucho gusto. Creo que ante el contexto que estamos viviendo en el país en el tema de falta de aplicación de la legislación en materia ambiental y de la violación del derecho a un medio ambiente sano, es un muy buen precedente porque cuando se da seguimiento y la sociedad civil y las comunidades insisten a las autoridades, se pueden tener buenos resultados y es alentador ante el panorama de focos rojos que hay en todo México por temas ambientales. Lo celebro y espero que las autoridades pongan esa misma intención y seguimiento en todos los demás casos que hay a nivel local y nacional”, aseguró la abogada.
Por su parte, la empresa había informado en noviembre de 2012, que la Profepa dijo que el dueño del predio donde se realizaría la obra tenía todas las autorizaciones para remover la vegetación y realizar trabajos de extracción de material pétreo.
Además, comentaron que en septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Benito Juárez le otorgó la Licencia de Construcción. “Por ello, en el mes de diciembre del 2013 inició la ejecución de los trabajos de construcción”.
Para comenzar con los trabajos, removieron 87 hectáreas de selva, sumado a que la construcción cuenta “con la influencia y el legado de la cultura china ancestral divididos en cuatro áreas fundamentales: área de intercambio comercial para exhibición y venta de mercancías al mayoreo y menudeo; áreas funcionales con instalaciones para centros de negocios; oficinas, restaurantes, centros culturales y turísticos. Zona libre para el almacenamiento de mercancías y espacios habitacionales”, acusan los críticos del proyecto.
Gracias a esto, el año pasado la abogada Alejandra Serrano criticó al gobierno de Borge, acusando que “ha impulsado proyectos como Dragon Mart, que fue anunciado como el proyecto de esta administración. Hace falta que en los programas de ordenamiento ecológico el Gobierno estatal tenga una posición más de sustentabilidad porque vemos muchas veces que no logra conciliar el tema de conservación con desarrollo. Creemos que el mismo Gobierno debería ser el que impulsara para que se encontrara un punto medio y aún no encuentra esa fórmula en los programas de ordenamiento”.
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