Falsear un certificado de defunción en México cuesta desde 600 pesos. Con esa cantidad, el departamento jurídico de Liverpool, un médico y una agencia funeraria casi logran encubrir el homicidio de una empleada de la tienda departamental en Perisur, Angélica Romero. La víctima murió golpeada y estrangulada en una bodega de la tienda, pero en el certificado de defunción, folio 140159379, se atribuye el deceso a una causa natural: un infarto al miocardio.
Para obtener el certificado por muerte natural de Angélica, Liverpool no necesitó una operación sofisticada; bastó contratar a una de muchas funerarias que ofrecen de antemano un “servicio” especial: doctores que se atreven a determinar una causa de muerte sin ver a la persona fallecida.
La madrugada en que Angélica fue hallada muerta, el abogado de la tienda, Alejandro Montaño, llamó a la agencia Inhumaciones Coyoacán, que se hizo cargo de emitir el certificado de defunción por un pago en efectivo (que no fue incluido en el de servicios funerarios), de acuerdo con las conclusiones de la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El certificado lo expidió el “médico de cabecera” de la funeraria, Mariano Espinosa. El doctor, con cédula 0751347, nunca acudió al centro comercial ni revisó el cadáver, pero inventó que se trataba de una muerte natural a cambio de 600 pesos en efectivo, tal como ya lo había hecho –por la misma tarifa– en otros casos. Desde hace más de un año, el médico ha hecho ese tipo de trámites, según las autoridades consultadas.
“Es parte de un ‘servicio completo’ que la funeraria ofrece a los clientes para facilitarles el mal paso y el papeleo. Ya tenían a su doctor que les expedía certificados por 600 pesos. Pero esto es una práctica común en muchas funerarias”, dijo el fiscal responsable del caso, que habló bajo condición de anonimato.
La Ley General de Salud, en su artículo 391, y la Guía para el llenado de los Certificados de Defunción y Muerte Fetal de la Secretaría de Salud, establecen que antes de que una persona sea cremada o inhumada se necesita primero que un médico certifique su defunción y las causas. Si hay la mínima sospecha de violencia, el doctor tiene la obligación de dar parte al Ministerio Público y sólo un médico legista puede certificar las causas de la muerte.
Emitir un certificado con datos falsos o imprecisos, como ocurrió en el caso Liverpool, es un delito contemplado en el artículo 243 del Código Penal Federal, aún cuando no haya intención de cubrir un homicidio. La pena es de hasta ocho años de cárcel, aunque existe la posibilidad de llevar el proceso en libertad con una fianza.
En la Procuraduría capitalina señalaron que no existen denuncias de casos similares, ya que casi siempre los deudos están de acuerdo en “agilizar el trámite” y pagan por ello.
En este caso, el engaño se descubrió gracias a que el primo y el papá de Angélica no creyeron que hubiera muerto de forma accidental e insistieron en averiguar lo ocurrido. Uno de los trabajadores de la funeraria que recogió el cuerpo tomó fotografías que luego entregó a la familia. El cadáver fue rescatado a minutos de ser cremado.
Ahora el médico enfrenta dos acusaciones: una por encubrimiento de homicidio en el Distrito Federal, que ya está en los juzgados, y otra por violaciones a la Ley General de Salud y Población que la Delegación que la Procuraduría General de la República (PGR) está integrando.
La audiencia fue pospuesta para el próximo 18 de marzo por la ausencia de un testigo. Y mientras tanto, Mariano Espinosa, enfrentando en libertad el delito de encubrimiento por favorecimiento, trabaja de forma regular en la Unidad de Medicina Familiar 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de avenida Francisco del Paso y Troncoso.
Con información de Animal Político
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