Busca anular el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848
Si la demanda no prospera, se le pedirá a Estados Unidos que pague una indemnización por el uso de los estados en los últimos 168 años
El ingeniero y excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el abogado Guillermo Hamdan Castro presentaron una propuesta de demanda para buscar la nulidad del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, con el cual, México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos.
En la propuesta señalan que existen elementos suficientes para anular la validez de los acuerdos firmados por el expresidente Antonio López de Santa Anna.
“La mayor de las pruebas de que esos acuerdos no son válidos es el hecho de que en la primera oración del Tratado Guadalupe Hidalgo, el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país. Eso, firmar un acuerdo en ese contexto, hace que el acuerdo, el tratado en cuestión sea nulo de origen”, informó Hamdan Castro.
Dijo que además de la invasión armada, otro de los elementos que puede volver ilegítimo dicho pacto es la presión ejercida por el gobierno mexicano de aquella época para firmar los acuerdos de cesión territorial.
Hamdan comentó que con dicha demanda, lo que se busca es una sentencia favorable para México, buscando recuperar los territorios despojados a México, que actualmente son California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.
Dentro de un posible escenario favorable, el abogado comentó que de no poder recuperar el territorio, se le pedirá a Estados Unidos que pague una indemnización por el uso de los estados en los últimos 168 años.
“Pero claro, esa indemnización la estamos pidiendo que sea pagada o en oro o en pesos, porque los dólares no significan nada desde los años 70”, comentó.
Cárdenas y Hamdan dieron a conocer que para fortalecer esta demanda lanzarán una convocatoria para pedir a los mexicanos acudir a marchar hacia Los Pinos con la finalidad de presentar dicha propuesta al presidente Enrique Peña Nieto.
Así, el abogado comentó que el mandatario deberá manifestar su voluntad o no presentar dicha demanda, señalando que es el único que podría vigilar dicho acto jurídico ante la Corte de Justicia Internacional.
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