MÉXICO, D.F.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descalificó las conclusiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas incluidas en el estudio presentado este viernes en Ginebra sobre el caso mexicano.
Las recomendaciones del órgano internacional “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”, subrayó la Cancillería, añadiendo que tampoco “aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo (en México) para solventar los retos mencionados”. 
En sus observaciones finales, el Comité de la ONU concluyó que el Estado Mexicano incumple con las obligaciones que asumió al ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tras examinar el pasado 2 y 3 de febrero la situación del país en la materia.
“El Comité considera que el cuadro normativo en vigor, así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes, no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención”, señaló la instancia de la ONU en el documento presentado hoy en Ginebra.
Y aseveró que la información recibida “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte” de México, “muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención” el 23 de diciembre de 2010.
La sombra de Ayotzinapa
El Comité de la ONU subrayó que “el grave caso” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “sometidos a desaparición forzada” en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los “serios desafíos” que enfrenta México “en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.
El eco de Ayotzinapa también se percibió en otras recomendaciones, como el exhorto a “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” o a involucrar a los cercanos de la persona desaparecida en la búsqueda, “sin que esto les confiera la responsabilidad de producir las pruebas necesarias para la investigación”.
También señaló que los agentes del Estado Mexicano deberían abstenerse de “realizar declaraciones públicas que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo a los allegados de personas desaparecidas o a los defensores de los derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas”.
Pero no sólo a la Cancillería le irritó la nota reprobatoria de la ONU, el Ejército mexicano también mostró su molestia por las conclusiones en las que se dibuja en filigrana la responsabilidad de los militares en casos de desaparición forzada.
“Percibí que (los integrantes del Comité) quieren inducir a una recomendación para las fuerzas armadas más con acción mediática y con agresión, porque eso vende. No debieran generar aspectos como esos para demostrar que están trabajando, es momento de ser objetivos y tangibles”, señaló en entrevista con el diario Reforma el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), José Carlos Beltrán Benítez.
Añadió: “Pude apreciar que ellos tienen una falsa apreciación, desgraciadamente no documentada (sobre la parcialidad en los juzgados militares), no hay un caso en concreto que me pudieran haber demostrado, pero sí descalifican a nuestros tribunales diciendo que son parciales y que no son independientes”.
Críticas anticipadas
El pasado 2 de febrero en Ginebra, Suiza, al presentar ante el Comité de la ONU el informe sobre los avances realizados por el gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada, la Cancillería pareció anticipar que el diagnóstico final sería desastroso.
Con un tono defensivo, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, exhortó entonces a los integrantes del Comité a “ir más allá de la crítica” y a “evitar incurrir sólo en la descalificación”.
Y lo llamó al organismo de Naciones Unidas a “actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la Convención”.
Con información de Proceso
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