El informe “En el Desamparo” muestra la complicidad de autoridades con el crimen organizado
El investigador Sergio Aguayo criticó la nula protección que ofrece el Estado mexicano a sus ciudadanos en ciertas partes del país, donde el crimen organizado opera.
En entrevista con Radio Fórmula por la presentación del informe “En el Desamparo”, el académico afirmó que “estamos sin protección porque el crimen organizado puede hacer con nosotros lo que puede sin que tengamos protección del Estado”.
También señaló que hay municipios que son controlados totalmente por el narcotráfico, donde las policías están a las órdenes de los criminales y no de la ciudadanía.
Sin embargo, hay funcionarios y dependencias gubernamentales que al darse cuenta de la crisis humanitaria “están dispuestas a abrir sus expedientes para que investigaciones independientes, como la que conduje desde el Colegio de México, puedan realizarse”.
El informe trata sobre las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de personas en Allende, Coahuila. En el documento se muestra cómo policías municipales estaban bajo el mando de “Los Zetas” cuando integrantes de esa organización criminal cometieron las masacres y desapariciones multitudinarias registradas en esos municipios durante los años 2010 y 2011.
Durante esos años, los alcaldes de ambos ayuntamientos se limitaron a ser solo figuras decorativas ya que no alzaron la voz para denunciar o tratar de detener el control que esa organización delictiva tuvo sobre los cuerpos policíacos.
Aguayo señaló que en todo el país “el Estado mexicano está muy debilitado”, así como que hay regiones donde está muy retraído, “y en Tamaulipas, el norte de Coahuila, en la etapa que revisamos, no había Estado, había bases del Ejército, de la Marina, había policías estatales, pero, en la práctica, en el día a día, los criminales hacían lo que les daba su gana”.
De igual manera, expresó su preocupación de que en diversas regiones del país “el Estado o se hace cómplice de los criminales, o se hace el desentendido”, refiriendo que en San Fernando “encontramos complicidad y omisión, dependiendo del nivel de instituciones del Estado”.
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