Los casi 800 mil nuevos funcionarios equivalen al 49% de los empleos generados por la Administración central
“El sector público puede funcionar como una mercancía para el clientelismo”, consideró un especialista del CIDE
Durante los últimos ocho años, unos dos mil burócratas por mes se sumaron a la nómina del gobierno de México, ya que este año las 17 secretarías federales registraron 777 mil 595 plazas, casi 200 mil más que las que se tenían en 2010.
De acuerdo con una revisión de Reforma, estos casi 800 mil nuevos funcionarios equivalen al 49 por ciento de los empleos generados por la Administración central, los cuales el Inegi estima en un millón 600 mil y que incluyen órganos autónomos.
La estimación destacó que casi todas las dependencias incrementaron su planta laboral en menos de 10 años, incluso algunas lo duplicaron, con excepción de la Secretaría de Gobernación que tuvo ajustes en 2013 al absorber a la SSP, y la Secretaría de Energía, que llegó a incluir a las paraestatales, lo que generó grandes fluctuaciones.
Por ejemplo, la Secretaría de Salud pasó de 23 mil 896 plazas a 68 mil 776; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de seis mil 801 a 15 mil 302, y la de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 24 mil 664 a 51 mil 504.
Lo anterior, sin importar que la actual administración anunció en varias ocasiones que emprendería planes de austeridad y control de plazas gubernamentales.
Al respecto, Oliver Meza, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que las variaciones del volumen de plazas podrían relacionarse con los ciclos electorales debido a que al ofrecer puestos de trabajo se pueden asegurar voluntades de grupos.
“El sector público puede funcionar como una mercancía para el clientelismo”, consideró el especialista.
Meza indicó que el incremento en diez años es acelerado, aún considerando que en economías emergentes los gobiernos tienden a ser grandes empleadores.
Esto, aunque se tome en cuenta la creación de diversos organismos dentro de las dependencias y las modificaciones que han surgido de las demandas tanto sociales como legislativas, las contrataciones carecen de claridad debido a la falta de estándares, explicó.
“Cuando no hay un servicio civil de carrera con estándares de permanencia y salida, las plazas se vuelven un botín”, aseveró.
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