Pese a que en los meses recientes funcionarios mexicanos han acaparado los reflectores por actos que van desde uso indebido de recursos hasta presuntos casos de conflicto de interés, los diputados mexicanos aún analizan la Ley General de Transparencia y los senadores revisan el Sistema Nacional Anticorrupción.
Anoche, los legisladores mexicanos anunciaron un acuerdo entre los coordinadores del PAN, PRD y PRI en el Congreso de la Unión para aprobar este jueves 16 de abril las dos reformas.
Al término de una reunión en el Club de Industriales, en el DF, el vocero del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, confirmó que este jueves el Senado votará la minuta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción; así como los diputados aprobarán la de la Ley General de Transparencia.
“Los tres grupos parlamentarios que el día de hoy acudimos, las directivas, hacemos el compromiso formal y serio de que, en los 17 días que restan del periodo ordinario de sesiones pueda aprobarse la reforma en seguridad y el sistema nacional anticorrupción”, agregó la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna.
Los puntos destacados (íntegros) de ambas minutas, de acuerdo con México Evalúa, son:
Ley General de Transparencia
- Aumenta el número de sujetos obligados a transparentar la información pública:
- Los tres poderes públicos
- órganos autónomos
- partidos políticos (incluidos los grupos parlamentarios)
- fideicomisos
- los fondos públicos
- los sindicatos
- Todo aquél ente que ejerza recursos públicos serán sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y deberán responder a las obligaciones de transparencia que ésta impone.
- Establece la obligación para la autoridad de justificar cualquier acto de reserva de información de manera oportuna. De esta forma, al momento que decida reservar alguna información, tendrá que realizar una prueba de daño, para demostrarle legalmente al ciudadano interesado que la difusión de la información que solicita puede causar un daño a un interés público y que este daño es mayor al beneficio de darla a conocer.
- Homologa y reduce los plazos de respuesta a solicitudes de transparencia así como de reserva de información a nivel nacional. En el primer caso, será de 20 días más la posibilidad de ampliarlo en 10 días más. En el segundo caso, el periodo total de reserva se redujo de 12 a 10 años, y el primer periodo de 7 a 5 años.
- Contempla la creación de una plataforma nacional de transparencia que fungirá como herramienta para operar las solicitudes de información y recursos de revisión a nivel nacional. La información estará integrada y disponible para el ciudadano en un solo sitio.
- Establece la obligación de hacer pública la información sobre las condonaciones de créditos fiscales para evitar la tentación de abusar de esta política pública.
- Asimismo, establece la publicidad de los contratos de las licitaciones, así como de las ofertas de aquellos proveedores a los que se les adjudique un contrato del Estado mexicano de forma directa.
- Limita las causales de reserva de información a nivel nacional, eliminando la que se había propuesto para reservar información bajo el argumento de la estabilidad económica, financiera y monetaria. De haberse aprobado, hubiese mermado la transparencia de información muy relevante y necesaria para fortalecer la rendición de cuentas en el manejo de las finanzas públicas.
- Quedó inscrito que no podrá reservarse información en casos de violaciones a derechos humanos, ni siquiera en el curso de su investigación.
- Contiene más de una decena de causales de sanción que se aplicarán cuando no haya respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos, cuando se incumplan los plazos de atención, cuando se responda con negligencia, dolo o mala fe, o cuando se manipule el uso de documentos oficiales.
Sistema Nacional Anticorrupción
- Fortalece las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dicha instancia podría iniciar sus trabajos de fiscalización desde el primer día hábil del año fiscal siguiente.
- La ASF debe publicar informes parciales de su labor de fiscalización de la cuenta pública, de forma tal que el Congreso tenga insumos con mayor prontitud para el análisis y aprobación subsecuente del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Se fortalece las facultades de investigación y fiscalización de la ASF en licitaciones públicas y de fideicomisos que reciban fondos públicos.
- Faculta tanto la ASF como la Secretaría de la Función Pública a presentar juicios de revisión si llegaran a identificar casos de inacción de la Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción. Dicha facultad genera incentivos institucionales para impedir que investigaciones sobre funcionarios y agentes privados potencialmente corruptos se detengan por una labor deficiente de la fiscalía encargada de integrar los expedientes.
- Amplia los plazos de prescripción del delito de corrupción de 3 a 7 años.
- Prevé la creación de una sala especializada, dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, encargada de juzgar los casos de corrupción y de faltas administrativas graves.
- Faculta la ASF para fiscalizar las participaciones federales en coordinación con las instancias locales de fiscalización.
Información de Animal Político
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