Aseguran que esto podría ser considerado un crimen de lesa humanidad al existir un ataque contra la población
Hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal, ya que el gobernador sólo ha denunciado los hechos en los medios de comunicación
El suministro de agua destilada a niños enfermos de cáncer en Veracruz podría ser considerado como un crimen de lesa humanidad, aunque será complicado fincar una responsabilidad directa a los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, dieron a conocer expertos en derechos humanos y de la infancia en una entrevista para el portal SinEmbargo.
Fue el actual gobernador del estado quien denunció hace unos días que las administraciones pasadas aplicaron medicamentos falsos a niños enfermos durante las quimioterapias, lo cual lo sustentó con un estudio realizado por los laboratorios Roche.
A pesar de estos hechos, el gobernador se limitó a denunciarlo únicamente frente a los medios de comunicación, lo cual fue criticado por algunos periodistas, quienes calificaron el hecho de sensacionalista, ya que hasta el momento no se ha denunciado formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) u otra instancia, lo cual es calificado por los especialistas como el primer paso para buscar la verdad de los hechos y hacer justicia.
Por eso, Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de los derechos humanos, dijo que el Estatuto de Roma, aceptado por México, establece que se entiende como crimen de lesa humanidad el ataque generalizado o sistemático contra la población civil, perpetrado con conocimiento.
“Si hubiese habido información oculta por parte del proveedor de las medicinas, igual podría alegarse que este daño que se generó se dio sin consentimiento, sin embargo, todo indica que había no sólo conocimiento de que estos no eran los medicamentos adecuados, sino que se buscaba que así fuera para obtener el lucro. El Estatuto de Roma dice que se entiende por ataque generalizado a una línea de conducta que implique la comisión de actos sistemáticos en contra de la población civil”, informó.
Maloof dijo que este caso podría ser atraído por la Corte Penal Internacional, aunque primero debe denunciarse y juzgarse en México en un proceso que podría durar años, quizá hasta 10, donde de encontrar culpables, las penas podrían ir desde los 10 años de cárcel hasta cadena perpetua.
“Si las víctimas no obtienen justicia en un tribunal mexicano, de ahí la Corte Penal Internacional considera si estas instancias no son las adecuadas para brindar justicia y toma el caso”, añadió.
Por otro lado, el diputado del PRD, Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputados, le pidió a la PGR y al presidente Peña Nieto que se lleve a cabo una investigación más a fondo para verificar “hasta dónde se extendió el uso de medicamentos apócrifos que ponen en riesgo la vida de los veracruzanos”.
El perredista aseguró que Javier Duarte dejó una secuela de “corrupción y de delitos de lesa humanidad que rayan en genocidio”.
Hasta el momento ninguno de los dos exgobernadores ha sido presentado ante la justicia, ya que Duarte está prófugo y no se sabe nada de su paradero y Herrera continúa con su cargo de canciller en Barcelona, España.
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