La defensora fue liberada, pero su marido sigue secuestrado
Momentos antes de que los levantaran, una unidad de la policía vio el convoy pero no hicieron nada, dice la abogada
María Anabela Carlón Flores, activista y defensora de la tribu Yaqui que lucha contra el gasoducto en Loma de Bácum, Sonora, fue privada de la libertad por un comando junto con su esposo Isabel Lugo Molina.
El comando que realizó el secuestro liberó a la defensora, pero su marido sigue secuestrado.
María Anabela es una abogada indígena de la tribu Yoreme (Yaqui), un pueblo de Loma de Bácum, Sonora, en resistencia contra la construcción del Gasoducto “Agua Prieta” de IEnova, una compañía de energía privada subsidiaria de la estadounidense Sempra Energy que inició la construcción sin permiso en tierras de la comunidad.
Debido a esta acción, los yaquis presentaron en abril una demanda de amparo donde ganaron una suspensión que paralizó la obra hasta octubre, mes en que la empresa reactivó la construcción.
El secuestro de la abogada ocurrió este martes poco después de las siete de la tarde. Tres vehículos: una chevrolet color blanca, un sedán color oro y otro automotor, interceptaron el automóvil en el que viajaban la abogada y su esposo por la carretera entre el municipio de Bácum y Loma de Bácum en Sonora.
De los vehículos descendieron sujetos encapuchados obligaron a la pareja a bajar de su mueble y a subir al coche dorado donde les taparon el rostro.
“Nos dijeron grosería y media, nosotros ni siquiera hablamos, después les llaman a ellos por teléfono, preguntan nuestros nombres y nos dicen que dejáramos de hacer chingaderas”, dijo la abogada en entrevista con SinEmbargo.
La pick up se detuvo, los encapuchados bajaron a la defensora, la hincaron, agacharon, y taparon con su propio abrigo, después huyeron con el esposo de 48 años de edad: “yo pensé que a él también lo iban a bajar”.
La abogada aseguró que momentos antes de que los levantaran, una unidad de la policía vio el convoy pero no hicieron nada.
Sobre el paradero del esposo no se tienen ningún indicio. La denuncia ante el Ministerio Público local fue interpuesta durante la noche de ayer y hoy presentará la querella ante la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Republica.
La comunidad yaqui y la activista han sido blanco de varias amenazas a raíz de las acciones legales y actos que emprendieron contra la construcción del gasoducto.
Fuente: Sin Embargo
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