El 30 de junio de 2014, militares ejecutaron arbitrariamente a 22 presuntos criminales, que se encontraban desarmados en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. La versión oficial afirma que los muertos fueron producto de un enfrentamiento entre el Ejército y los grupos del crimen; sin embargo, la CNDH, con ayuda de tres mujeres que sobrevivieron a la masacre y tras una exhaustiva investigación, comprobó que la escena del crimen había sido alterada y, al igual que varias ONG, acusó una grave violación a los derechos humanos.
Ayer el Centro Prodh presentó su informe “Tlatlaya aun año: la orden fue abatir” en el que logró documentar que los militares del 102 Batallón de Infantería San Antonio del Rosario, responsable del municipio de Tlatlaya, recibieron la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad, y reducir su actividad durante el día, con el fin de acabar con los criminales, mientras que es de noche, ya que la mayoría de los crímenes son cometidos en ese momento”.
“Dicha orden fue calificada por diversos organismos de derechos humanos [entre ellos Human Rights Watch, Naciones Unidas y Amnistía Internacional] como propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, por lo que demandaron que se investigue la cadena de mando militar”, dijo el Centro en un comunicado emitido hoy.
Pese a ello, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo en su defensa que el término abatir no significa privar de la vida, como fue interpretado en el informe dado a conocer por el Centro.
“Me parece que lo que si es indispensable revisar completamente la instrucción a la que se ha venido haciendo referencia […] el término ‘abatir’ tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida, pero un documento como éste, y lo entienden los abogados, tiene que ser interpretado de manera sistemática”, dijo Campa en entrevista para Radio Formula.
Sin embargo, el Centro Prodh reviró al funcionario: “no es de la definición proveída por los diccionarios de donde surge la alerta de los organismos civiles, sino del significado presente en las actuaciones castrenses. Así, recordamos que la orden de abatir es seguida en el expediente de al menos cuatro menciones donde este verbo es empleado como sinónimo de privar de la vida”.
El funcionario federal confirmó también la autenticidad del texto presentado por la organización y aseguró que ya tuvo acercamiento con miembros del Ejército para tratar este tema y que dijeron “que la interpretación debe de hacerse a la luz del documento completo y que la instrucción tiene referencia constantes y suficientes sobre el respeto a los derechos humanos”.
Reiteró incluso que el lineamiento para cada uno de los 37 puntos que contiene esa indicación, dice textualmente: “prevaleciendo en todo momento el respeto a los derechos humanos y la observancia de la ley”.
En este sentido, el Centro Prodh recriminó que el Gobierno federal intenta llevar la discusión a un debate lingüístico en ver de abocarse al deslinde de responsabilidades.
“El Gobierno Federal adujo que la propia orden contiene salvaguardas en materia de derechos humanos y que el término abatir tiene acepciones distintas a la identificada por los organismos civiles, intentando llevar la discusión a un debate lingüístico en vez de abocarse al deslinde de responsabilidades”, sostuvo.
“Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales”, dijo Heyns. quien aseguró que la orden de “abatir delincuentes” es una instrucción que posibilita la comisión de las más graves violaciones a derechos humanos.
Este viernes 3 de julio, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, llamó a profundizar la investigación sobre “la masacre” en Tlatlaya, particularmente sobre la orden que Centro ProDH hizo pública.
El relator de la ONU llamó a “tomar en consideración las nuevas evidencias” y enfatizó que el Estado mexicano debe “investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida.”
Hasta ahora sólo siete soldados han sido arrestados y procesados por el caso, pero sólo tres de ellos están acusados de homicidio; sin embargo, no hay plazo para que se dicte sentencia.
Asimismo, la Procuraduría de Justicia del Edomex informó que siete policías estatales fueron acusados formalmente de torturar a tres mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares mexicanos.
Cuatro de los policías ya fueron detenidos e ingresados a un penal, informó el miércoles 1 de julio la dependencia estatal.
Con información de Animal Político y Sin Embargo
Sé parte de la conversación