Mientras el debate local y nacional se centra en la isla del ex Gobernador perredista de Baja California Sur, a raíz de la publicación de Zeta, la Contraloría iniciará investigación sobre el origen del dinero público desviado, para dar vista a la PGJE o a la PGR.
Según abogados y auditores consultados por Zeta, en el caso de la isla del político emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño resaltan cuatro hechos:
1.- La inscripción irregular del bien inmueble nacional a favor de un particular en el sistema de la Dirección Municipal de Catastro en Comondú.
2.- La utilización de recursos públicos en el sexenio anterior para adquirir o comprar una propiedad privada.
3.- El desvío de dinero público pagado a empresas que, hoy se sabe, eran fantasma en ciudades de Puebla, San Juan Cuautlancingo y San Pedro Cholula.
4.- Los dichos de Agúndez contra los documentos publicados por el semanario sobre la operación irregular, los cuales prueban cómo y de qué manera fue sustraído y triangulado el dinero, hasta lograr inscribir el nombre de Narciso Agúndez Montaño como propietario del islote, en base a la clave catastral 002-019-004-001.
Después de la investigación publicada por Zeta, el ex mandatario estatal quedó atrapado en una encrucijada, donde el principal debate en los medios locales y nacionales, se centró en la propiedad de Cabo San Lázaro, al norte de Isla Magdalena, municipio de Comondú.
Los primeros en entrar al debate fueron los líderes de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en la XIII Legislatura de Baja California Sur. El del PRI, Juan Alberto Valdivia Alvarado, consideró como “grave” el caso de la isla, ya que salió a relucir el nombre del ex Gobernador Narciso Agúndez Montaño. “Creo que a nadie conviene tener a un ex Gobernador cuestionado, y sobre todo, debe ser un tema que debe tratarse con seriedad y responsabilidad, las instituciones están obligadas a investigar y actuar en contra de quien resulte responsable de estos hechos”, dijo.
Por su parte, la panista Gisela Páez Martínez opinó que se debe investigar el caso de la isla a profundidad, porque “no es posible que se haya registrado la isla sin que haya salido del dominio de la nación, de ser así, entonces estaríamos hablando de un caso grave de corrupción, porque no se puede inscribir una propiedad así nomás, a la ligera”.
Conocedora del tema, pues fue delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la legisladora expuso que cuando estuvo al frente de la delegación, Luis Raymundo Cano Hernández solicitó la posesión de Isla Magdalena, argumentando que “era posesionario del predio” y, después de hacer una inspección ocular en la zona, determinaron declarar “nula” su posesión, ya que los únicos posesionarios reales eran los pescadores del lugar, lo cual quedó registrado en una fe de hechos, derivado de que los trabajadores del mar hasta habían presentado actas de nacimiento de Cabo San Lázaro.
Al conocer de la negativa, en su calidad de Gobernador, Narciso Agúndez Montaño solicitó la posesión de Isla Magdalena, pero fue denegada en virtud de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONARP), antes que él, ya había hecho una solicitud para poder manejarla, lo que generó molestia e irritación en el ex gobernante.
Publicado en Sinembargo.mx
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