Acusan que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses
Aseguran que el gobierno mexicano es presionado “con regularidad y constancia en el ámbito político” por las mineras canadienses
En 2012, alrededor de 100 policías estatales de Durango, el Ejército Mexicano y la Policía Federal, intentaron disolver un campamento establecido frente a la mina La Platosa, propiedad de la empresa canadiense Excellon, la cual estaba acusada de violar un contrato de renta de mil 100 hectáreas en la comunidad La Sierrita de Galeana, a pesar de que no pudieron dispersar la protesta, dos meses después fueron atacados con palos y piedras, por lo que desalojaron el lugar.
“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, recordó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco, “cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía rodeados”.
De acuerdo con un informe de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers, señalaron que las autoridades mexicanas, “al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.
A pesar de que ya pasaron casi cinco años, el Comisariado Ejidal aseguró que aún recibe amenazas e intimidaciones en su teléfono celular desde ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León: “Ya déjense de chingaderas”, “dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas van a perder”.
“No hay una mina en toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales”, acusó.
Además de la violación a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas de La Sierrita, una zona desértica.
Aunque aseguran que estas son sólo algunas de las violaciones que han cometido las empresas canadienses, país que se presume ante el mundo como ecológicamente responsable.
“Un estudio de la UNAM dice que hay arsénico en el agua y (que) está al límite para usarse en la agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma”, comentó Pacheco, quien aseguró que para acceder al agua, los habitantes de la comunidad tienen que caminar cinco kilómetros para llegar a un pozo.
“No es un caso aislado. De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Mientras, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias”, dio a conocer el comisariado.
Sumadas a las afectaciones al medio ambiente, también se han registrado tres asesinatos y diversas amenazas a intimidaciones contra los ejidatarios.
Así, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, donde Canadá sobresale en varios de ellos.
Las mineras que han sido señaladas por los comuneros por los daños causados en sus territorios son: Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.
Señalan que para que una empresa minera pueda perder la concesión, la cual es otorgada por la Secretaría de Economía, debe existir un incumplimiento de la Ley Minera, como el no haber cumplido con las labores de exploración o extracción; no pagar impuestos con base en sus ganancias; o emprender acciones contra la soberanía nacional, por ejemplo.
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