MÉXICO, D.F. – Para cerrar su segundo año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto renovó –con un plan de diez puntos para mejorar “la paz, la justicia y el desarrollo”– una serie de promesas de campaña incumplidas, comprometió acciones supuestamente ya implementadas y sobre todo anunció un extenso paquete de reformas que, cuando no son redundantes en la legislación existente, concentran más poder en su persona.
En torno al plan, el mandatario recurrió a una añeja fórmula de la retórica priista: la unidad nacional.
En medio de la crisis detonada por la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre así como por la investigación en torno a la casa de su esposa, inmueble relacionado con el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú, durante una semana creció la expectativa sobre el mensaje que daría Peña Nieto el jueves 27 en Palacio Nacional.
Al acto asistieron los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, presidentes de los organismos autónomos, el gabinete legal y ampliado, la mayoría de los gobernadores, dirigentes partidistas, dirigentes empresariales y quienes han asumido la representación de la sociedad civil.
A diferencia de otras reuniones similares –a las cuales ha convocado en sus dos años de gobierno para anunciar reformas, programas y obras– esta vez no hubo ambiente festivo. Los convocados apenas interrumpieron una vez el discurso para ofrecerle un tibio aplauso.
En su mensaje Peña Nieto dio su explicación de lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados, atribuyendo toda responsabilidad al orden municipal, por lo que llamó una combinación de condiciones inaceptables de debilidad institucional: “Un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios, autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva, policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes”.
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