Entre enero de 2006 y julio de 2014, en México se han reportado 29 mil 707 casos de desaparición forzada o involuntaria. 17 mil 175 de ellos resueltos con la ubicación de las víctimas, más otros 12 mil 532 casos en los que los afectados aún siguen sin ser localizados, tal como reportó el gobierno federal el pasado 21 de agosto. Sin embargo, en el mismo periodo las autoridades mexicanos sólo han iniciado 291 averiguaciones previas por este delito, equivalentes al 1% de las desapariciones forzadas reconocidas en el país, mientras que el restante 99% de los casos no han sido procesados legalmente.
A pesar de estos resultados, las autoridades federales aseguraron ante la ONU, en el informe sobre presentaron sobre esta problemática en marzo pasado, que “el Estado mexicano comprende la gravedad y el carácter pluriofensivo de este delito, que atenta contra la libertad personal, la integridad física y, en ocasiones, incluso contra la vida, y que impide el acceso a la justicia de las víctimas y de sus familiares. Por ello, ha intensificado sus esfuerzos para combatir la desaparición forzada de personas”.
No obstante, Rosario, quien busca a su hijo Óscar Germán Herrera Rocha, empleado de un negocio de electrodomésticos desaparecido en 2009 por policías de Coahuila,resume de otra forma la postura del gobierno mexicano ante este delito: “Nomás nos están dando mucho atolito con el dedo. ¡Mucho! Porque no están haciendo nada…“
Las mismas cifras presentadas por las autoridades respaldan el dicho de esta madre de familia –quien desde hace cinco años busca a su hijo y a seis jóvenes más, todas víctimas de la policía municipal de Francisco I. Madero, Coahuila–, ya que, según el informe que el Estado mexicano entregó a la ONU, en el país sólo han sido emitidas seis sentencias condenatorias por desaparición forzada: una por un caso de 1977, ocurrido en el contexto de la “guerra sucia” desatada por el gobierno contra movimientos de oposición, y las cinco restantes contra exagentes de la PGR que desaparecieron a sus víctimas entre 2002 y 2005.
Así, de hecho, este mismo dato revela que por las más de 29 mil desapariciones acumuladas de 2006 a la fecha, nadie ha sido procesado y sentenciado penalmente, hasta ahora.
“La realidad es que no se ha resuelto ningún caso –subraya Rosario–. A pesar de que el Estado se haga supuestamente responsable, estamos exactamente igual: no hay nada. A algunas víctimas nos atiende la autoridad, y a otras víctimas no las atienden, pero unas y otras estamos igual, sin resultados…”
Incluso, la cifra oficial de víctimas que permanecen desapariciones –más de 12 mil, según las autoridades–, es cuestionable. El hijo de Rosario, por ejemplo, no fue incluido por el gobierno federal en su Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, a pesar de que éste es uno de los 291 casos en el que sí hay una investigación formal. E incluso, actualmente enfrentan juicio nueve policías y un civil que presuntamente participaron en el rapto de su hijo, perpetrado justo enfrente de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Francisco I. Madero.
Es así que, como otros y otras en su mismo caso, Rosario ha asumido como propia la responsabilidad de las autoridades de indagar el paradero de su hijo, y de otras víctimas como él, no sólo rastreando por su cuenta en busca de indicios, sino también haciendo de intermediaria entre las autoridades y los detenidos, para ofrecerles beneficios carcelarios –como asistencia a sus familiares y facilidades para que éstos los visiten en Tepic, donde se encuentra recluidos–, a cambio de datos que permitan encontrar a Óscar y a los otros seis jóvenes desaparecidos por la policía municipal, aunque esta misma estrategia, reconoce, ha sido fallida.
“Tontamente –narra–, yo pensé que los iba a conmover con mis lágrimas, diciéndoles que a nuestros desaparecidos los estamos esperando, les suplico (…) pero ellos se cerraron absolutamente, uno de ellos hasta estuvo a punto de golpearme.”
Pero el desgaste emocional, señala Rosario, integrante de la agrupación civil de defensa de derechos humanos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (Fundec), no sólo lo propician la falta de acciones efectivas de las autoridades y la cerrazón de los involucrados, sino también por la apatía y franco desinterés de la población.
“La gente te dice cosas como ‘ya te gustó andar en el borlote’, ‘lo que quieres es hueso’, ‘ya chole con lo mismo’, ‘tienes más hijos’, ‘ya dale vuelta a la página‘, y mucho de eso viene de la propia familia”, dice.
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