La demanda de acción colectiva que impide momentáneamente la siembra de maíz transgénico en el país ha recibido 72 impugnaciones, asegura en entrevista con Contralínea René Sánchez Galindo, abogado de la asociación civil Colectivas, organización que funge como representante legal en el juicio.
Esto a más de 1 año de presentada la demanda y a 11 meses de que el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitiera la medida cautelar en la que se ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos para su liberación al ambiente, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación en cualquiera de sus fases, sea esta comercial, experimental o piloto.
El gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, ha impulsado 10 apelaciones contra la resolución judicial y la medida precautoria, entre las que destacan: dos amparos iniciados por la Sagarpa y un recurso de disconformidad de la Semarnat. Además de eso, las dependencias han presentado dos apelaciones, dos quejas, una revocación y dos impugnaciones contra la demanda.
Monsanto, a través de sus filiales Semillas y Agroproductos Monsanto , SA de CV, y Monsanto Comercial, SA de CV, es autor de más de una veintena de apelaciones que buscan levantar la medida cautelar y desechar de manera definitiva la demanda.
Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences también han recurrido a la vía jurídica para terminar con el juicio.
Explica Sánchez Galindo que son 16 los amparos promovidos tanto por autoridades gubernamentales como por empresas: siete provenientes de Monsanto, tres de Syngenta, dos de PHI México, dos de Dow AgroScience y dos más de la Sagarpa. De ellos, cuatro ya fueron ganados de manera definitiva por la colectividad y 12 aún están por resolverse.
Derivados de los 16 amparos, se encuentran en proceso 15 revisiones, ocho quejas, siete incidentes y siete incidentes de suspensión.
Las organizaciones que forman parte de esta acción colectiva representan a productores, indígenas, apicultores y ambientalistas, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo; la Fundación Semillas de Vida, AC; Fomento Cultural y Educativo, AC; Fronteras Comunes, AC; Alternativas y Procesos de Participación Social, AC, de Tehuacán Puebla; Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla; Grupo Vicente Guerrero, AC, de Tlaxcala; y la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Nativo.
Adelita San Vicente Tello, directora de la Fundación Semillas de Vida, AC, señala en entrevista que en la demanda de acción colectiva se solicitó que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha habido flujo detransgenes (contaminación transgénica) a los maíces nativos en Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato.
San Vicente Tello, quien también funge como representante común de la colectividad demandante, expone que la ineficiencia de los límites y restricciones establecidos en la LBOGM ha propiciado que se vulneren los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la conservación, participación justa y equitativa, así como a la utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras de la diversidad biológica de los maíces nativos; a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a derechos culturales y a la salud.
Con la demanda se solicitó aplicar una medida precautoria que se basa en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, la cual se concedió y notificó a la colectividad el 20 de septiembre de 2013.
Para René Sánchez Galindo, hasta ahora, ni el gobierno federal ni las empresas han presentado pruebas de fondo que contribuyan no sólo al debate sino que permitan a los jueces, como ellos lo piden, levantar la medida y dar paso a la siembra de maíz genéticamente modificado en su centro de origen y diversidad genética.
“Todas las inconformidades que han presentado son por formalidades legales, tratan de tirar la medida precautoria y la demanda por cuestiones de requisitos. Pedimos que el Poder Judicial llegue al fondo”, dice aContralínea el litigante.
Para seguir leyendo, aquí: Contralínea.info
Sé parte de la conversación