La Cámara de Diputados presentó la propuesta de Ley Matilde este 9 de marzo, una iniciativa de reforma al Código Penal Federal que busca que las mujeres víctimas de delitos sean reconocidas como tales y que los servidores públicos no dañen su dignidad y derechos en el proceso.
La diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, presentó la propuesta en materia de protocolos que busca brindar atención oportuna a las mujeres víctimas de violencia y a sus familias, luego del caso de Matilde Gil Herrera, desaparecida, torturada y asesinada en 2017 en Chihuahua.
Caso de Matilde
En el pleno se proyectó el documental “Matilde, una historia de muerte y omisión”, el cual relata el feminicidio de la madre de la diputada Aguilar, así como la omisión y obstrucción de las autoridades para localizarla, tanto por parte de las locales como del entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
Desde el primer día de su desaparición, su familia proporcionó las pruebas necesarias y suficientes a las autoridades para inculpar al autor intelectual, incluso habiéndolo traído ante la Fiscalía hasta tres veces, mas esta lo dejó en libertad y sin responsabilidad penal en todas.
“DEBE ESTAR CON EL NOVIO EN LA PLAYA”
Durante la proyección del documental, la diputada explicó la importancia de castigar a los funcionarios omisos para que todas las mujeres sean buscadas con perspectiva de género y dignidad.
La legisladora también detalló que muchas veces las investigaciones se entorpecen por suponer que las víctimas se van por su propio pie o “con el novio”, como sucedió en el caso Matilde, difamada por las autoridades locales de haberse ido con Abraham Tarango, quien deseaba ser director del centro educativo que entonces dirigía Matilde.
Ley Matilde
En el marco del Día Internacional de las Mujeres y “Un día sin nosotras”, se propuso la “Ley Matilde”, la cual promueve una reforma y adición a la fracción XXXII del artículo 225 del Código Penal Federal en materia de violencia de género para establecer responsabilidad y sanción para los funcionarios públicos, de cualquier nivel, por actos de omisión, obstaculización o abstención injustificada sobre cualquier investigación de un delito.
Lo anterior significa que cualquier autoridad o servidor público que entorpezca investigaciones de desapariciones y feminicidios, serán castigados por la ley. Esto incluye a los gobernadores de los estados que no apliquen la perspectiva de género o que no investiguen estos casos apropiadamente.
Igualmente dentro de la misma propuesta se busca castigar a los funcionarios cuando se les niegue la calidad de víctima a las personas afectadas, haciendo referencia no sólo la persona desaparecida, sino también a los familiares o personas que mantenían una relación inmediata con la víctima.
La “Ley Matilde” podría llegar al Senado de la República en septiembre, y de ser aprobada, este proyecto de reforma podría constituirse a finales de 2023 o bien, a principios de 2024. “Con esta iniciativa se dará responsabilidad a todos los funcionarios públicos que no busquen a una mujer desaparecida”, afirma la diputada.
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