La impunidad reina a sus anchas en el estado de Veracruz, entre otros. El hecho de que los cargos políticos estén otorgados por compadrazgo no ayuda en nada.
Para la investigadora y columnista Ana Laura Magaloni Kerpel, en México, el papel de cualquier procurador es principalmente político y no está asociado con la defensa de las víctimas.
En su artículo sabatino del diario Reforma, títulado “Procuración de privilegios”, la profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE alude al caso de la joven Daphne Fernández, violada en Veracruz por cuatro juniors conocidos como Los Porkys.
Además, señala que el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, “congeló” la averiguación previa, pues los padres de estos jóvenes son miembros de la élite política y económica del estado.
Ante ello, la semana pasada, Javier Fernández, padre de la víctima, decidió hacer pública la burda complicidad entre el fiscal y las cuatro familias de los acusados: Jorge Cotaita, Diego Cruz Alonso, Gerardo Rodríguez y Enrique Capitaine.
“La evidencia en su contra por la violación de una joven de 17 años es contundente: la declaración de ella, los testimonios de las amigas que la acompañaban cuando, saliendo de un antro, los cuatro agresores la subieron por la fuerza a un Mercedes Benz; los estudios psicológicos y ginecológicos de la víctima y los cuatro videos de cada uno de ellos admitiendo su culpabilidad y pidiendo una disculpa a la joven”, escribe.
“Duarte, como la mayoría de los gobernadores, eligió a Bravo Contreras como fiscal no por sus habilidades en la investigación de los delitos ni por su sagacidad en el litigio penal. Bravo Contreras está ahí sobre todo porque brinda certeza a la élite de Veracruz de que para ninguno de sus miembros, salvo que el gobernador lo quiera, habrá responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de los mismos”, agrega.
Fuente: Aristegui Noticias
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