(28 de julio, 2014).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó el pasado 24 de julio que se liberó anticipadamente a 53 indígenas que se encontraban presos, luego de que ésta interviniera ante las autoridades penitenciaras en vía de colaboración ante los Jueces de Ejecución del país durante el primer semestre de 2014.
De ellas, precisó en el comunicado, 12 tenían sentencia del fuero federal y 41 del común; 51 hombres y dos mujeres, de los cuales el mayor número pertenecen a los pueblos o comunidades indígenas tzotzil, náhuatl y tzetzal.
“A través de su Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión, la CNDH realizó 44 visitas a centros penitenciarios que registraron población indígena, ubicados en 17 entidades federativas, con la finalidad de entrevistarla, analizar sus expedientes procesales y médicos, y brindarles orientación jurídica”, informó.
La Comisión informó que el total de la capacidad del sistema penitenciario nacional, es de 8 mil 334 personas indígenas, que en su mayoría, declaró, no han sido asistidos por un defensor e intérprete o traductor acompañante, no obstante en la mayoría de las ocasiones desconocen el motivo por el que están internos.
327 mujeres y 8 mil 7 varones constituyen la población indígena presa, de los cuales 7 mil 632 pertenecen al fuero común y 702 al fuero federal.
“Los hechos violatorios que más sufren los indígenas son la detención arbitraria, la incomunicación, los tratos crueles, carencia de intérpretes y de defensores públicos especializados que le den asesoría jurídica inmediata; así como de deficiente atención médica”, informó.
La CNDH condenó que en el país tanto los jueces como agentes del Ministerio Público y defensores, no conozcan de los usos, costumbres, tradiciones, cultura e idioma de la población indígena del país, reconocido constitucionalmente en el artículo segundo y 20 constitucionales.
“Las autoridades correspondientes deben comprometerse a capacitar a su personal a fin de especializarlo en el tratamiento de los problemas que afectan a los indígenas en reclusión y garantizarles acceso a un sistema eficaz de procuración e impartición de justicia”, concluyó.
Fuente: Revolución 3.0
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