Este jueves los ministros consideraron constitucional la consulta
Pero ¿de qué podrían acusar a los exmandatarios?
La iniciativa para realizar una consulta popular con el fin de decidir si se enjuicia o no a cinco expresidentes de México, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada al recibir seis votos a favor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mientras que el proyecto que considera de inconstitucional a dicha consulta, del Ministro Luis María Aguilar Morales se quedó con cinco votos.
Arturo Zaldívar, Ministro presidente, llevó a cabo la votación del proyecto bajo el entendido de que se modificara la pregunta de la consulta con el propósito de cuidar los derechos humanos.
Durante la discusión de la propuesta del mandatario federal, los ministros destacaron la inconstitucionalidad al señalar qué tanta viabilidad había en consultar si se debía juzgar o no a una persona, desde el enfoque de las víctimas.
En tanto, otros ministros que votaron favor argumentaron su postura por reivindicar el derecho a la consulta popular, sin embargo, esta se debería realizar si se modifica la pregunta propuesta por López Obrado, en uso de la facultad que otorga la Ley de Consulta Pública.
Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán, fueron los ministros que le dieron su voto a favor de la consulta.
Por su parte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas, declararon la consulta de inconstitucional.
Zaldívar Lelo de Larrea consideró como una oportunidad histórica para la Corte de transitar a un modelo de democracia más justo e incluyente, informó el portal SinEmbargo.
“Si queremos que la democracia deliberativa funcione y sea una realidad, hay que confiar en la ciudadania y en las instituciones, las cuales funcionan como intermediarios de la opinión ciudadana y el derecho”, dijo.
Para el Ministro, la iniciativa no viola la presunción de inocencia, debido a que la materia de la consulta no asume a las personas como responsables ni la ciudadanía decide su culpabilidad.
En este sentido, señaló que el plebiscito popular abre una puerta a la decisión para que las personas opinen si se debe iniciar procesos para que sean investigados.
“La Corte debe asumir su responsabilidad histórica en el rol de la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser puerta cerrada sino el puente que permite a las personas a intervenir en las grandes discusiones nacionales con todo respeto al marco constitucional”, añadió.
Por ello, los ministros aprobaron la nueva pregunta que se realizará durante la consulta popular con la que se decidirá si se enjuicia a los expresidentes.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, conforme al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, será el nuevo cuestionamiento.
Para llegar a una pregunta que tuviera todo el respaldo, los Ministros valoraron diversos enfoques, según información del portal SinEmbargo.
La pregunta del pleno de la Suprema Corte quedó finalmente aprobada por unanimidad, misma que se determinó en términos de lo previsto por la Ley General de Consulta Popular.
La pregunta de la consulta se revisó y analizó para que no fuera tendenciosa o tuviera juicios de valor, por lo que se buscó un lenguaje neutro, sencillo y comprensible, con el que se obtenga una respuesta categórica sólo en sentido positivo o negativo.
Asimismo, se dieron las instrucciones pertinentes para que se notifique al Senado de la República los puntos resolutorios de este asunto, durante las próximas 24 horas.
¿De que acusarían a los exmandatarios?
Los motivos que López Obrador propuso para llevar a juicio a sus antecesores son: corrupción, fraude electoral, el Fobrapoa, y haber exacerbado la violencia.
Además, en su iniciativa, el presidente indicó que también se investigue a los exfuncionarios por presuntos delitos que cometieron antes y después de su mandato al frente del país.
En el caso de Carlos Salinas de Gortari, López Obrador argumentó que en ese sexenio se profundizó “la desigualdad entre los mexicanos”, debido a que se “entregaron” bienes públicos a particulares nacionales o extranjeros.
El tabasqueño sostuvo que a “los nuevos ricos” se les benefició con empresas, minas y bancos, los cuales con anterioridad pertenecían a los mexicanos.
A Ernesto Zedillo lo acusó de privatizar bienes nacionales, por ejemplo, Ferrocarriles. Además de haber aprobado la conversión de deudas privadas a públicas.
El monto de estas últimas ascendieron a 552,000 millones de pesos, bajo el argumento del “rescate bancario” de 1998, lo que se denominó como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Vicente Fox sería al primer presidente de la alternancia a quien se debe juzgar por intervenir en el proceso electoral, según López Obrador, quien se dice triunfador del mismo.
“Cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición”, se lee en el documento del presidente mexicano.
El mandatario federal propuso llevar a juicio a Felipe Calderón por la estrategia militar que implementó para combatir la inseguridad y exacerbó la violencia.
A su antecesor, Enrique Peña Nieto lo acusó de corrupción, motivo por el que López Obrador pide que lo enjuicien, ya que, señaló, en su campaña electoral de 2012 corrieron grandes cantidades de dinero de procedencia irregular.
El tabasqueño recordó las recientes denuncias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que señalan que parte del dinero referido habría provenido de sobornos hechos por la empresa brasileña Odebrecht.
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