Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– La muerte de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, el menor de 13 años que resultó herido por el impacto de una bala de goma que –acusan los pobladores de San Bernardino Chalchihuapa– dispararon agentes de la Policía Estatal de Puebla, colocó en el ojo del huracán al Gobernador de esa entidad, el panista Rafael Moreno Valle Rosas.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio en la autopista de Atlixco cuando los agentes lanzaron granadas de humo, gases lacrimógenos, balas y proyectiles de goma para dispersar a los pobladores de Chalchihuapa que protestaban en la vía para exigir la restitución de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares.
Dos meses antes, el Congreso local aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como “Ley Bala”, que permite el uso legítimo de la fuerza.
La ley fue propuesta por Moreno Valle, como también fue decisión del Gobernador encargar la Seguridad Pública de Puebla a Facundo Rosas Rosas, un policía con una polémica trayectoria; cercano al ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, uno de los responsables de la estrategia contra el narcotráfico implementada en el sexenio pasado, la cual dejó miles de muertes y desapariciones en todo el país.
Sin embargo, esta no es la primera ocasión que el gobierno de Moreno Valle es señalado por reprimir protestas. En abril pasado se le acusó de “perseguir” campesinos, ambientalistas y universitarios relacionados con la lucha en contra del llamado Proyecto Integral Morelos y otros megaproyectos emprendidos por la gestión del panista.
El Proyecto Integral causó polémica toda vez que se trata de un gasoducto que lleva el nombre de “Morelos” y que pasará en terrenos de dos juntas auxiliares de Cholula. Por oponerse a su construcción mediante protestas fueron apresados la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez; el líder campesino Abraham Cordero Calderón, y el vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Juan Carlos Flores Solís.
En este nuevo caso de represión por parte de las fuerzas del estado de Puebla, Moreno Valle ha vuelto al centro de la polémica, en gran parte porque tanto organismo civiles, como activistas y políticos de oposición le señalaron los riesgos de implementar una ley regresiva en materia de derechos humanos.
Ahora, a dos meses de ser promulgada la “Ley Bala” los resultados no son nada alentadores con la muerte de un niño por disparos de sus elementos de seguridad. Aunado a ley que propuso el mandatario poblano está el encargado de llevarla a cabo.
El responsable de la Seguridad Pública del Estado: Facundo Rosas Rosas. De la experiencia de su Jefe de Policía no hay duda, incluso se le califica como un “súper policía”, especializado en labores de investigación; pero su accionar en la práctica ha generado acusaciones en su contra que incluyen corrupción, abuso de autoridad, ataques a los derechos humanos y presuntas relaciones con el crimen organizado.
De hecho, el operativo ocurrido hace dos semanas en Puebla rememora al del 12 de diciembre de 2011 en Ayotzinapa, Guerrero, cuando alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos bloquearon la Autopista del Sol en demanda de mejoras en su escuela y plazas para los egresados. En esa ocasión murieron dos estudiantes como parte de un operativo de las policías municipal, estatales y federal, ésta última a cargo de Rosas.
Como consecuencia de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a Rosas Rosas como omiso, ya que reconoció que se enteró del operativo una hora después, “cuando ya había tres muertos, detenidos, personas que eran golpeadas por sus elementos sin hacer uso de medios como Plataforma México o para comunicarse con el C4 para enterarse de un operativo de esa magnitud, de esa gravedad, siendo el responsable de la corporación”.
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