Presidencia se había declarado incompetente para entregar dicha información
El día de hoy el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI) resolvió que la Oficina de la Presidencia de la República deberá entregar información sobre los nombramientos y los salarios de los delegados de los programas para el desarrollo.
Esta información fue solicitada por una particular, quien recibió como primera respuesta que la Presidencia se declaró incompetente para proporcionar la información, y remitió al particular a formular su solicitud ante la Secretaría del Bienestar.
Ante ello, la interesada presentó un recurso de revisión, por lo que el comisionado Joel Salas detalló que el INAI le dio seguimiento a la petición.
Salas aseguró que aunque es cierto que los delegados están adscritos jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar, estos también son coordinados por la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que está bajo el mando directo del Presidente de la República.
Lo anterior implica que la respuesta emitida por la Oficina de la Presidencia es improcedente, por lo que deberá entregar la información solicitada a la ciudadana a la brevedad posible.
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Según una nota de Reforma, entre los programas prioritarios de la actual administración están: las becas Benito Juárez, el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad y la Pensión Universal para Adultos Mayores, los cuales son coordinados e implementados por las delegaciones.
“Dada la relevancia de los delegados de programas para el desarrollo, se entiende que la población, como en el caso de este recurso de revisión, requiera ubicar quiénes son, qué atribuciones tendrán y cuáles serán sus percepciones económicas“, resaltó.
Aclaró que si el Gobierno federal decide implementar una política de transparencia proactiva, esto permitiría clarificar los criterios utilizados para nombrar a los nuevos delegados.
Además, otorgaría mayor certeza sobre “las reglas que cuidarán su participación en el manejo y vigilancia de los recursos públicos federales, así como los mecanismos de seguimiento y control social de los programas de desarrollo que estarán a su disposición”, apuntó.
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