Los presuntos desvíos se habrían llevado a cabo mediante la compra de materiales para construcción
Se encontrarían involucrados Raúl González Apaolaza, exdirector General de Obra del NAIM, y Carlos Noriega, exdirector General de Administración de GACM
Autoridades federales iniciaron una investigación por el presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos destinados a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
De acuerdo con información de El Universal, el presunto desvío es investigado por la Policía Federal, en el que se encontrarían involucrados Raúl González Apaolaza, exdirector General de Obra del NAIM, y Carlos Noriega, exdirector General de Administración de GACM.
Asimismo, también se exhorta a indagar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo y antecesor del director General del GACM, Federico Patiño.
Un informe de la Policía Federal indicó que el órgano de Control Interno (OCI) del GACM realizó diversas diligencias, con las que se buscaba evidenciar la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del NAIM.
Estas se habrían llevado a cabo mediante la compra de materiales para construcción, tezontle y basalto, sin contratos previos con las empresas y con sindicatos vinculados principalmente con González Apaolaza, que a su vez no cumplieron con las normas de calidad requeridas para el mega proyecto.
Al respecto, Patiño comentó que él no ordenó la investigación, aunque sí recibió un documento no firmado, mismo que envió al OIC del grupo aeroportuario.
“Fue todo lo que yo hice y es todo lo que puedo decirle porque yo no ordené absolutamente nada, mi particular lo envió al Órgano Interno de Control por instrucciones mías [para] que se hiciera la investigación y el análisis que correspondía”, explicó.
La encargada de la investigación, cuyo nombre se resguarda por razones de seguridad, fue quien verificó la autenticidad del documento en presencia de la propia Policía Federal.
El informe detalló que sindicatos y empresas, supuestamente bajo el control por González Apaolaza, resultaron beneficiadas por más de 17 mil 500 millones de pesos mediante viajes de carga y la compra de material.
Incuso, según testimonios de trabajadores de la obra, el ingreso al terreno de estos materiales sólo podía realizarse con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.
“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, (las compras) no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”, indicó el informe.
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Además, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que se otorgaron pagos por tres mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, por el suministro y la colocación de sólo 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.
Estas situaciones denotan “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus camiones”, destacó la PF.
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