Daniel Gershenson y Arturo Arango Durán–a través de grupos de activistas, organismos internacionales, defensores de las libertades civiles y apoyo en Internet–buscan la implementación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en México (CICIM), auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), similar a la CICIG de Guatemala que permitió llevar a juicio al recientemente desaforado Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta, Roxana Baldetti, por un caso de corrupción.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 países evaluados en materia de combate a la corrupción. Cansado de ver como todos los días brotan en los medios de comunicación escándalos de corrupción y conflicto de interés que involucran al Gobierno de Enrique Peña Nieto, sus funcionarios, parientes y empresarios, Arturo Arango abrió en la plataforma Change.org una petición dirigida a la Cámara de Diputados para que sea el Legislativo quien gestione ante la ONU la integración de un organismo independiente que combata este delito.
“El pueblo de México ya está cansado de enterarse, un día sí y otro también, de casos sospechosos donde no sólo el partido en el poder, o partidos afines, o la oposición misma actúan con impunidad, no respetan las leyes ni norma alguna les es aplicada y donde los diputados mismos se amparan en argucias legales en las leyes actuales”, afirma Arango en su petición.
“La corrupción y la impunidad van desde empresarios y banqueros, hasta instituciones tan reconocidas en México como el Ejército. Así hemos presenciado ejecuciones extra judiciales como desapariciones y secuestros en gran escala donde, generalmente, algún funcionario de alto, mediano o bajo rango aparece involucrado”, añade.
Gershenson coincide con este punto de vista pues afirma que así como sucede actualmente con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un organismo de esta índole podría trabajar sobre seis ejes: la corrupción e impunidad, el tema de la guerra sucia en los años sesenta y setentas del siglo pasado, la “lógica mafiosa” con la que actúa el Estado; la desigualdad de género y la pobreza; las violaciones a los derechos humanos” y, por último, el tema de la privacidad para que el Gobierno federal se ocupe de destinar fondos para evitar el crecimiento en el número de pobres en lugar de invertir en equipo para vigilar a los ciudadanos.
Actualmente, en México es imposible juzgar al Presidente por casos de corrupción. Por ello, el pasado 5 de septiembre el ex candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador sugirió a la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión presentar una iniciativa de reforma constitucional en la que se contemple juzgar al Primer Mandatario por corrupción e influyentismo.
Y es que en México, las cosas ya llegaron a un nivel en el que el país y ciudadanos ya no pueden solos, consideró Gudalupe Correa-Cabrera, profesor Asociado del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, Estados Unidos.
“El país necesita exactamente una comisión como la de Guatemala, porque tienen muchos hoyos desde hace muchos años que no ha podido tapar, hay muchas cosas que ya no puede ni podrá solucionar el gobierno por sí mismo y menos por iniciativa propia”, expresó.
Lo difícil, manifestó, será que el gobierno acepte la operación de una comisión como la CICIG, pues a pesar de que sí lo hizo con el caso Ayotzinapa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que vaya más a fondo podría arrojar recomendaciones en las que podrían verse afectados muchos altos funcionarios y que podrían dejar aún más en evidencia al aparato de justicia en el país.
“Para que esto suceda – la operación de una comisión como la CICIG- lo tiene que pedir el Presidente y autorizarlo el Congreso y ¿sabes tú cuántos intereses hay ahí?”
“Hemos tenido reuniones informales con las principales organizaciones de defensa a los derechos humanos, los acercamientos han sido informales, pero todos coincidimos en la necesidad de que se colectivice para poder tener una visión más amplia y para que al menos, en un primer momento, no se nombre como Fiscal Anticorrupción a otros títere del gobierno como pasó con Virgilio Andrade [Secretario de la Función Pública].
“La petición ahí está y he hecho de todo, por cielo, mar y tierra para que la gente la firme: he mandado tuits a líderes de opinión, periodistas, algunos le dan favorito, pero no lo comparten. Lo he comentado con muchas organizaciones, pero falta el compromiso, incluso de muchas organizaciones no gubernamentales para que participen en el diálogo”, lamentó Arango Durán.
Puedes ver y firmar la petición aquí
Fuente: Sin Embargo
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