La peor calificación se dio en el factor “ausencia de corrupción”
El documento enfatizó que todos los estados en México se encuentran muy lejos de alcanzar una puntuación perfecta
A nivel nacional, el país resultó reprobado en el denominado Índice de Estado de Derecho en México, ya que obtuvo un promedio de 0.39 puntos, en una escala que de entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho.
Cabe destacar que la peor calificación se dio en el factor “ausencia de corrupción”, la cual señala al uso del poder público para obtener un beneficio privado, en el ámbito ejecutivo, legislativo, y judicial locales, así como en el sistema de seguridad y procuración de justicia.
El Índice de Estado de Derecho 2018, elaborado por el World Justice Project, también enfatizó que todos los estados en México se encuentran muy lejos de alcanzar una puntuación perfecta.
Los estados de Guerrero, gobernado por el PRI; Baja California Sur por el PAN; Estado de México por el PRI; Sonora por el PRI, y Puebla por el PAN, fueron los cinco que obtuvieron, en ese orden, las peores calificaciones.
En tanto, los estados con una mejor puntuación fueron, Yucatán con 0.45; Aguascalientes con 0.44; Zacatecas con 0.44; y Campeche, Querétaro, Coahuila y Baja California con 0.43 cada uno.
Para la calificación de estos, el documento se basó en los resultados e impacto de políticas públicas. Por ejemplo, un efectivo control de la delincuencia o si los ciudadanos cuentan con un adecuado acceso a los tribunales.
El documento, retomado por SinEmbargo, destacó que “ningún estado llega a una calificación perfecta; de hecho, la puntuación más alta es de 0.45, lo cual implica que todos los estados tienen retos importantes por delante”.
Fueron en total ocho factores los que el Índice contempló en su medición: Límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; un gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil, y justicia penal.
En derechos fundamentales México obtuvo un promedio de 0.49, este factor mide la ausencia de discriminación, derecho a la vida y a la seguridad, un debido proceso legal, la libertad de expresión y los derechos laborales.
En ausencia de corrupción que contempla la ausencia de corrupción en los poderes Ejecutivo, judicial y legislativo, así como en las instituciones de seguridad de seguridad y procuración de justicia, logró un promedio nacional de 0.35.
Otro factor indispensable en la medición es el de orden y seguridad, que contempla si la entidad es efectiva en garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la de sus propiedades.
“La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado”, detalló el documento.
Dicho factor incluye la percepción de inseguridad y el temor a ser víctima, ya que ambas impactan el comportamiento de las personas y de las empresas.
En este ámbito se incluyen delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas. En tanto que los subfactores que se miden son: ausencia de homicidios; ausencia de crimen y la percepción de seguridad de las personas.
El Índice también recoge el rubro de “justicia civil”, que mide “si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil”.
En este sentido, es necesario que las personas conozcan y confíen en los mecanismos formales para resolver sus problemas legales, así como que exista disponibilidad de asesoría legal adecuada y asequible, además que no existan barreras por costos ni por procesos burocráticos para acceder a la justicia.
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