A seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, suman 104 los detenidos, entre ellos 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes de la organización Guerreros Unidos. De estos últimos, cuatro son funcionarios públicos.
Al hacer un recuento de las acciones realizadas, la PGR aseguró que las investigaciones han sido transparentes, exhaustivas y apegadas a derecho y se iniciaron 25 averiguaciones previas.
Según la dependencia federal a todos y cada una de ellos se les ha dictado auto de formal prisión, entre otros, por la comisión del delito de homicidio, secuestro, delincuencia organizada derivado de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala y Cocula relacionados con los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero.
Sin embargo, a pesar de ello, ninguno de los implicado ha logrado especificar el sitio en donde se encuentran los muchachos desaparecidos.
Sin rastro
Seis meses después de la desaparición de sus hijos, los padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se dicen cansados y enfermos, pero con fuerzas para mantener la búsqueda hasta que sepan qué fue lo que realmente pasó entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Su lucha ya traspasó las fronteras: no hay continente en el que no hayan encontrado solidaridad, aunque lo que buscan es la verdad, algo que no encuentran aún, dicen, en su país.
Hoy, los padres de los 43 saldrán nuevamente a las calles en demanda de justicia porque, dicen, hasta ahora sólo tienen en sus manos “la verdad histórica” que les dejó Jesús Murillo Karam y la certeza de que el cambio del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) no significó, como pensaban, avances en las investigaciones.
Las autoridades mexicanas no se han pronunciado oficialmente sobre la recomendación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: reclasificar el caso como desaparición forzada, lo que lleva implícito aceptar la participación de fuerzas del Estado.
Líderes de organizaciones y movimientos sociales coinciden con los padres de los estudiantes desaparecidos: el gobierno federal le apuesta al cansancio y al olvido. Sin embargo, dicen expertos, en épocas electorales si no hay resultados inmediatos, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa será manoseada y utilizada por personas ajenas que sólo buscarán sacar provecho a la tragedia. Los padres quedarán en medio, sin justicia ni respuestas.
La lucha sigue, como dicen, pero el paso del tiempo no logra menguar el dolor por la desaparición de sus hijos aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. La falta de una verdad concluyente y no “histórica”, hace que sus sentimientos sean más profundos.
Las huellas
La respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre lo ocurrido el 26 de septiembre no los convence y los inquieta ante la certeza de que el gobierno federal quiere “enterrar” el caso de sus hijos. Sepultar los hechos bajo la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam.
Los padres viajan a Estados Unidos, van a las embajadas, se trasladan al Distrito Federal para marchar, a la ciudad de Chilpancingo, en su natal Guerrero, hacen colectas para rentar autobuses. Todo parece en vano, pues el caso sigue sin una respuesta contundente y sólo cuentan con un molar y un hueso de dos centímetros que la PGR asegura pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los muchachos desaparecidos, evidencias con las que la autoridad mexicana pretende resolver la desaparición del grupo de normalistas.
“El gobierno está prolongando esto. La nueva Procuradora [Arely Gómez González] está para eso: para prolongar la investigación, para que los padres nos desesperemos y dejemos la lucha. Ella no está ahí para encontrar la verdad, sino para proteger otros intereses”, dice Melitón Ortega, Padre Mauricio Ortega, normalista de Ayotzinapa.
Melitón asegura que varios padres y madres están enfermos por la desesperación y el dolor. Muchos de ellos cambiaron sus actividades cotidianas, abandonaron sus trabajos y se dedicaron por completo a la búsqueda de sus hijos.
“Esto es muy desesperante, ya son seis meses y no hay nada. Pero nos vamos a mantener firmes, el cansancio no nos va a detener”, dice Melitón.
La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), que mantiene un equipo de trabajo en Ayotzinapa, lugar que los padres hicieron su base de operaciones, dijo a SinEmbargo esta semana que los familiares presentan cuadros de ansiedad, problemas de sueño y depresión que pueden prolongarse el tiempo que sus hijos duren desaparecidos.
“El duelo es una de las cosas más frecuentes, afecciones psicosomáticas –toda enfermedad que corresponde a un proceso psíquico que tiene su influencia en el cuerpo. Es una dolencia física real, que tiene su origen en conflictos emocionales y psicológicos inconscientes sin resolver– en las que todo el dolor y la impotencia se va hacia el cuerpo, una de las cosas más relevantes”, explicó Ivonne Zabala Paternina, responsable de la misión de MSF en Ayotzinapa.
Rafael López Catarino, padre de Julio César desaparecido en Iguala, acepta que están enfermando y que la situación con cada mes que pasa, se vuelve más desesperante.
“Pero pues nosotros vamos a seguir en la lucha, no nos queda de otra. Vamos hasta las últimas consecuencias porque un hijo no es un animal, nuestros hijos son gentes. Yo soy campesino y me tocó esto a mi. No vamos a descansar hasta que se esclarezca”, dice.
La realidad es que no sólo los padres están desgastados. El movimiento que surgió a partir de la desaparición y que se gestó en Guerrero durante las primeras semanas, también lo está.
José Félix Rosas Rodríguez, vocero del Movimiento Popular de Tecoanapa Ayotzinapa –municipio de donde son originarios ocho normalistas desaparecidos –, acepta que el apoyo a los familiares se ha visto mermado, principalmente entre el magisterio.
“En el caso de Guerrero, nos está repercutiendo la situación laboral, la incertidumbre de los pagos. Es como si estuviéramos cumpliendo a dos amos: la lucha económica del magisterio y la lucha social por los 43. Hay muchos compañeros maestros golpeados gubernamentalmente por la falta de pagos hasta la fecha y los padres de familia quieren que ya nos presentamos a clases”, indica.
Félix Rosas narra que al inicio del movimiento por los 43 desaparecidos, salían de Tecoanapa alrededor de 11 autobuses para acudir a las manifestaciones.
“Ahora a veces apenas completamos los dos autobuses nada más. Los demás compañeros se quedan a trabajar, tenemos la presión y la responsabilidad. No es que nos hayamos cansado y estemos desgastados, sino que el mismo gobierno tiene su estrategia para que el asunto de los 43 se olvide y nos está soltando el problema del magisterio, para diluirnos”, expone.
El intento es claro, indica José Félix: el “carpetazo” del caso Ayotzinapa inició cuando la PGR anunció el hallazgo de los restos de Alexander Mora.
A la incertidumbre de los pagos, se le suma un acoso continuo hacia los maestros en Guerrero: hay retenes de las fuerzas castrenses en las carreteras y en los caminos del estado, mismos que se incrementan cuando se planea alguna protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa.
“A veces salimos en los camiones y el Ejército nos detiene. Nos hacen preguntas y ahí nos tienen, entre lo que discutimos, pasan horas, que hasta terminamos por regresarnos”, cuenta Félix.
La situación, dice José, se agrava mes con mes. Cuando se cumplieron cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los padres, declaró que la PGR mantenía detenidas las investigaciones.
Mientras que la Unión de Pueblo Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), anunció que saldría de Iguala y abandonaría la búsqueda intensa de los normalistas, que iniciaron desde principios de octubre del año pasado, para concentrarse en reunir evidencias sobre los casos de desaparición que involucran no sólo a los estudiantes de Ayotzinapa, sino a la población de Guerrero víctima de la delincuencia organizada y del Estado.
Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG, reconoció hace un mes que el ánimo de la movilización disminuyó.
“El movimiento perdió mucha fuerza. Hubo infiltrados que mancharon la imagen de la lucha. Tenemos que reconstruir con los errores que cometimos y el gobierno federal sí logró que el movimiento se desvaneciera un poco. Nos pasa a nosotros, a las organizaciones y al sector magisterial”, dijo.
El promotor de la UPOEG agregó que la apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto es que el “movimiento se desinfle”.
Tomado de El Universal y sinembargo.mx
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