Ciudad de México, 28 de septiembre.– Funcionarios del Consulado de Estados Unidos en Monterey ligaron en febrero de 2010 a Héctor Santos Saucedo, entonces jefe de investigaciones de Nuevo León, al grupo criminal Los Zetas.
Y “eso ocurrió cuando Los Zetas, la notoria organización criminal formada por soldados que desertaron de una unidad de élite del Ejército, tenían consolidado su control sobre gran parte del aparato político y de seguridad de la región norte de México”.
Aún así, el funcionario de Nuevo León siguió en su cargo, y peor: creció dentro del gobierno. Poco después estaría en Coahuila en tareas de investigación, publica este día el periódico norteamericano The Nation en un reportaje que firma el investigador Jesse Franzblau.
“A pesar del conocimiento de Estados Unidos de que Santos era parte de la esfera de influencia de Los Zetas, continuó ocupando posiciones clave en los esfuerzos antinarcóticos; fue nombrado director general de investigaciones en el estado de Coahuila en enero de 2010 después de haber sido destituido de su cargo como jefe de la unidad de investigación del estado de Nuevo León. Al año siguiente, la ciudad de Allende, Coahuila, fue testigo de una de las peores masacres de la guerra contra las drogas, que salió a la luz después de años de encubrimiento”.
Jesse Franzblau dice que la masacre de Allende es una de las muchas atrocidades que se han llevado a cabo en los últimos años en México, como lo ocurrido en septiembre pasado en Iguala con la desaparición de los 43 normalistas. Refiere que Ayotzinapa fue el crimen que conmocionó a la conciencia global, centrando la atención de todo el mundo en la crisis de derechos humanos en el país, además de mostrar un patrón que se caracteriza por el silencio del Estado, los vínculos estatales con el crimen organizado y el encubrimiento oficial.
“El caso Coahuila expuso cómo los funcionarios de Estados Unidos en México reciben regularmente información sobre los vínculos del Gobierno mexicano con el crimen organizado, mientras que al mismo tiempo Washington proporciona equipos, asistencia y capacitación a las agencias comprometidas. Esta ayuda se entrega como parte de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda antidrogas firmado en 2006, que fue propuesto originalmente como un programa de tres años, pero continúa hasta nuestros días”, dice el medio.
Franzblau refiere que si bien las leyes estadounidenses prohíben explícitamente la entrega de ayuda a las personas extranjeras y unidades implicados en violaciónes sistemáticas de los derechos humanos, “la información interna sobre la aplicación del programa Mérida revela que las conexiones institucionales con el crimen organizado se pasan por alto sistemáticamente, ignorado o mantenido oculto del escrutinio público”.
La matanza de Allende ocurrió entre el 18 y 21 de marzo de 2011. En esa ocasión Los Zetas llevaron a cabo una operación en el municipio de Allende, secuestrando y ejecutando alrededor de 300 miembros de familias, amigos y otras personas relacionadas con tres Zetas que se cree eran informantes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
“A pesar de que los funcionarios del gobierno del estado de Coahuila, así como la oficina del Procurador General de la República, recibieron quejas del ataque, cuando éste se llevaba a cabo, ninguna fuerza de seguridad intervino para evitar los asesinatos. Ni las autoridades estatales ni federales investigaron el ataque después, y el Gobernador de Coahuila no reconoció públicamente los asesinatos hasta más de un año después”, menciona el reporte.
Franzblau dice que no fue sino hasta enero 2014 que las autoridades comenzaron la búsqueda de los restos de los desaparecidos y anunciaron la exhumación de fosas comunes en la zona.
“En una descripción escalofriante que recuerda el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, algunos de los cientos de restos mostraban signos de la quema de intento de incineración. Todavía no está claro lo que llevó a la búsqueda de los restos tres años después de la masacre, o quién está detrás del encubrimiento, pero los estrechos vínculos entre las autoridades locales y estatales y Los Zetas probablemente podría dar algunas pistas”, indica.
El reporte de The Nation, indica que en los días de la masacre de Allende, se registró una censura sobre lo que ocurría en el norte del país, en parte por las amenazas que silencia a los periodistas y en parte porque los asesinatos se mantuvieron fuera de los registros de las autoridades.
Sin embargo, dice Franzblau, los funcionarios en el gobierno de Estados Unidos fueron capaces de obtener información interna través de informantes y debido a la estrecha colaboración con sus contrapartes mexicanas.
“En noviembre de 2010, por ejemplo, las autoridades del FBI en México reportó en secreto sobre la conexión de funcionarios policiales en Saltillo, Coahuila, con los Zetas y el tráfico de drogas y homicidios. Un año más tarde, funcionarios de la DEA en Monterrey reportaron de manera interna sobre la detención de un jefe de plaza Zeta quien anteriormente había trabajado como oficial de policía en dos municipios diferentes de Nuevo León”.
El investigador dice que de acuerdo con el Departamento de Estado, uno de los objetivos de la Iniciativa Mérida es reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad de México y las instituciones legales para “combatir el crimen organizado y la violencia asociada.” Pero, agrega Jesse, ”los programas de Estados Unidos a menudo parecen socavar este objetivo, al igual que en muchos casos que refuerzan los organismos gubernamentales vinculados a los grupos delictivos organizados”.
Dice que a medida que el Consulado de Estados Unidos estaba recibiendo información de conexión funcionarios de Coahuila a los Zetas, por ejemplo, agentes de la DEA en Coahuila estaban entrenando a decenas de investigadores y funcionarios de la policía de la oficina fiscal del estado de Coahuila general.
La DEA, indicó, también estaba entrenando a los agentes de seguridad federales, incluyendo personas de Coahuila y Monterrey. Esto fue parte de un esfuerzo nacional de agentes especiales de la DEA que entrenaron 2 mil 735 policías federales en 2010 solo a través de su sección de formación internacional. Funcionarios de la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos también estaban entrenando de nivel medio policías federales de Coahuila y Nuevo León en este momento.
“Estos programas se llevaron a cabo aún cuando funcionarios del consulado de Estados Unidos estaban informando que el aparato de seguridad en Nuevo León había sido comprometido, cuando el Gobernador admitió que algunos funcionarios estatales y la policía habían sido cooptados por los Zetas. Los programas también continuaron incluso mientras funcionarios de la DEA informaron sobre la detención de trece funcionarios en activo y retirados que tenían bajo su responsabilidad hacer cumplir la ley en el estado de Nuevo León, entre ellos directores de la SSP”, dice el reporte de The Nation.
Los documentos producidos por las agencias estadounidenses de aplicación de los programas de Mérida mencionan que los vínculos estatales no son el producto de unos pocos funcionarios corruptos a nivel local sino que se extienden a todos los niveles del gobierno mexicano, incluidos los funcionarios militares y los investigadores federales.
De acuerdo con el reporte, la Embajada de Estados Unidos informó en junio de 2009, sobre la detención de tres funcionarios de la Delincuencia Organizada Unidad de Investigaciones de la Procuraduría General (SIEDO), junto con diez soldados, ocho de los cuales eran oficiales subalternos, por vínculos con el crimen organizado. “La Embajada dijo que los arrestos y la infiltración Zeta del gobierno al más alto nivel ‘sugiere que [sic] la infiltración del cártel de las fuerzas federales de seguridad sigue siendo un problema’”.
Con información de Sin Embargo
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