PGJDF ocultó pruebas de abuso sexual contra niños asesinados en Magdalena Contreras
El temor de ir a la cárcel por no acatar la orden de una jueza de entregar a sus hijos a su padre y presunto violador, llevó a la mujer a matar a los menores y suicidarse
El pasado 7 de junio, en un domicilio particular de la delegación Magdalena Contreras, fueron hallados cinco cadáveres.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Se trataba de los cuerpos de una familia: tres menores de edad (un niño y dos niñas), la madre y el abuelo de los niños.
En el lugar también fue hallada una carta póstuma, en la que la madre explicaba los motivos para privar de la vida a toda la familia.
La mujer había decidido quitarle la vida a los menores y suicidarse junto con los abuelos, para evitar que los niños quedaran bajo la tutela del padre, al que acusaba de abusar sexualmente de los niños.
Por su parte la Procuraduría desmintió ante los medios de comunicación la veracidad del contenido de la carta.
Según el entonces titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, aunque la mamá había presentado tres denuncias en contra del progenitor, entre 2012 y 2016, en todos los casos se descartó que los niños sufrieran de abuso sexual.
De acuerdo con Animal Político, Ríos Garza mentía pues en el expediente integrado por este caso sí existen peritajes que confirman los ataques sexuales a los infantes por parte del padre.
Se trata de exámenes psicológicos integrados al expediente en 2012, que no fueron obstáculo para que las autoridades de la Ciudad de México decidieron en 2016 retirarle la tutela de los tres niños a la madre, y entregársela al padre.
Los peritajes constatan el abuso sexual ejercido por el padre en contra del menor fueron realizados uno por el DIF en 2011 y uno más por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (Adivac) en 2013.
La madre de los tres menores decidió separarse del progenitor, tras detectar trastornos físicos y en el comportamiento del mayor de los niños, en ese entonces de tres años de edad.
Un año después, en el marco de la lucha legal por la tutela de los menores, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó al Sistema Integral Para la Familia (DIF) que realizara estudios al hijo varón, para determinar si efectivamente había sido víctima de abuso sexual.
El DIF de la Ciudad de México presentó el día 14 de junio de 2012 las conclusiones de su “valoración psicológica” tras doce sesiones con un especialista, de acuerdo con los resultados, la institución determinó que “es de suma relevancia tomar en cuenta el dicho del menor, hacia que fue abusado por parte de su progenitor”.
Por medio de situaciones de juego, el menor describe de manera espontánea los distintos abusos de índole sexual a los que era sometido por el padre.
Según este estudio, la relación emocional del niño con su madre, sus dos hermanas y sus abuelas revelaba un “apego saludable”, sin embargo, se destaca que el menor “presentó un cuadro de angustia al referirse a su progenitor”.
La institución subrayó que “no es recomendable que el menor conviva con su progenitor, ya que este último es identificado como generador de maltrato”.
Además resaltó que los testimonios del menor fueron espontáneos, y que “no existen elementos que sugieran que el menor esté alienado y que su decir haya sido inducido” para atribuir a su progenitor conductas ilegales.
Pese a este estudio, cuatro años después, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México determinó retirar la patria potestad a la madre, y ordenó a una asociación civil diseñar una terapia que permitiera al padre recuperar la relación “paterno-filial” con el niño.
En diciembre de 2012, el Juzgado Décimo en materia Familiar, encabezado por la juez Cristina Espinosa Rosello, ordenó a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (Adivac) “que se les proporcione terapias” tanto al padre como al menor, “a fin de establecer el vínculo paterno-filial entre ambos”.
Fue a principios de 2013, que dicha asociación comenzó a evaluar al menor y luego de trece sesiones de terapia, determinó que el niño presentaba evidencias y brindaba testimonios espontáneos en los que describía distintos abusos cometidos por su progenitor.
El menor presentaba “sentimientos de culpa, ansiedad, angustia, impulsividad, baja autoestima, agresividad reprimida, enuresis (alteraciones en la actividad urinaria), sobresaltos nocturnos eventuales, miedo, entre otros” derivados de las agresiones sufridas por su padre.
Adivac anunció a la juez Cristina Espinosa Rosello que “promoviendo el interés superior del niño, es recomendable que no conviva con su papá, ya que como el niño ha referido en las sesiones antes reportadas, fue su papá quien lo violentó”.
En respuesta, la juez amenazó a Adivac con imponerle una multa de 30 mil pesos por no realizar “las terapias que fueron ordenadas para restablecer la relación paterno-filial”. Un año después la juez le ordenó a Adivac no realizar más pruebas psicológicas al menor, orientadas a documentar las agresiones sexuales sufridas en 2011.
Animal político señala que como parte de las pruebas para investigar la denuncia por abuso sexual, la juez Cristina Espinosa Rosello solicitó la colaboración del Servicio Médico Forense de la Ciudad de México (Semefo), para que un perito especializado elaboraba un peritaje al menor.
El especialista del Semefo realizó una única entrevista al menos el 31 de octubre de 2012, tras la cual concluyó que el menor “es un niño inteligente”, una característica que no se presenta en menores agredidos.
“Los niños que han sufrido cualquier tipo de maltrato, pero especialmente el sexual, presentan un mayor déficit cognitivo, son impulsivos, menos creativos y más distraídos, su persistencia es menor, tienen dificultades para resolver problemas, presentan déficit de atención que compromete su rendimiento en las tareas académicas” dice el peritaje.
Por ello determinó que eran infundadas las acusaciones de agresión sexual, aún cuando el menor le narró los abusos que su papá cometió, “sin haberle preguntado” del tema.
Este peritaje descartó que el menor hubiese sido agredido sexualmente, tras una única sesión de terapia con el menor. En cambio, para determinar que efectivamente existen evidencias de abuso sexual, tanto el DIF como Adivac realizaron, cada una, más de una decena de sesiones con el menor, en las que aplicaron distintos procedimientos terapéuticos para evaluar su condición.
La madre del menor presentó una queja ante el consejo de la judicatura contra la juez Espinosa, por ignorar los peritajes del DIF y Adivac.
En respuesta, la juez se declaró incompetente para seguir viendo el caso, siendo turnado al juzgado 11 de lo familiar, cuya titular Silvia Araceli García Lara ratificó todas las resoluciones de su antecesora y ordenó retirar la patria potestad a la mamá y le advirtió que la llevaría a la cárcel si no cumplía con la resolución.
Fue la amenaza de ir a la cárcel por desacato, de no volver a ver más a sus tres hijos, y de tener que entregarlos a su padre, lo que llevó a la madre a quitarle la vida a los niños y después suicidarse.
La familia ingirió medicamentos que les ocasionaron muerto por sobredosis, siendo la abuela la única que sobrevivió.
Las autoridades no han emitido declaraciones respecto al caso
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