La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) integró una investigación contra el ayuntamiento priísta de San Luis de la Paz porque en los separos de la dirección de seguridad pública local se encadena a personas arrestadas por faltas administrativas.
De acuerdo con cuatro fotografías que fueron difundidas este jueves, los infractores son encadenados de las muñecas; los tienen con los brazos estirados y postrados. En una de las gráficas aparece un joven identificado como El Shaggy, habitante de la comunidad indígena de Misión de Chichimecas.
El ombudsman estatal, Gustavo Rodríguez Junquera, integró el expediente 16/2015 por tratos crueles, inhumanos y denigrantes. Solicitamos un informe al director de seguridad para que explique por qué encadenan a los detenidos y que dé a conocer la identidad de cada uno, comentó José Luis Pérez, vocero de la PDHEG.
El director de seguridad pública, Gerardo Rodríguez Trejo, aseguró que el Shaggy fue esposado y encadenado en las rejas de barandilla porque siempre intenta suicidarse. Las personas que reciben este trato son una molestia para la sociedad porque siempre consumen alcohol y solventes en la vía pública, argumentó.
En 2013 y 2014, dos hombres se ahorcaron con cobijas en los baños; por eso algunos tienen que ser esposados y encadenados, justificó Rodríguez Trejo.
Javier González Saavedra, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, sostuvo: Por supuesto que es un atentado a las garantías individuales; debemos revisar esta situación, es un retroceso.
Anunció que este viernes se reunirá con el ombudsman para revisar el caso, investigar si San Luis de la Paz tienen protocolos de actuación y, de ser así, por qué no los aplica.
Miguel Alonso Raya, coordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, dijo que no se puede tolerar que el gobierno de San Luis de la Paz cometa arbitrariedades.
Rechazó los argumentos del director de seguridad, de que encadena personas para evitar que se quiten la vida. Tiene que haber otras medidas. Los detenidos no pueden sufrir vejaciones, es absurdo. Es elemental que se instaure un procedimiento de responsabilidad al director, exhortó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nota tomada de La Jornada
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