Dentro de estos políticos, la mitad son priístas
Además, resalta que de los ocho políticos que han sido desaforados, cinco quedaron absueltos, dos están prófugos y sólo uno fue condenado
El priísta Tarek Abdalá, quien se desempeñaba como tesorero en el gobierno de Javier Duarte, no ha sido el único funcionario público que ha evitado ser desaforado.
Durante los últimos 73 años, en el Congreso solamente le han quitado el fuero a ocho diputados y senadores.
Sobre sale que según un documento del Senado, este mecanismo comenzó para poder evitar la impunidad de quienes han cometido algún delito, aunque esto prácticamente está en desuso.
Además, resalta que de los ocho políticos que han sido desaforados, cinco quedaron absueltos, dos están prófugos y sólo uno fue condenado.
En dicha lista están incluídos cuatro priístas: Carlos Madrazo Becerra, Sacramento Joffre, Pedro Vargas Téllez y Jorge Díaz Serrano, en donde este último fue sancionado por comprar a sobreprecio buques-tanque para Pemex.
A otros a los que se les quitó el fuero fue a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal; a René Bejarano, diputado local que protagonizó los ‘videoescándalos’, y al diputado federal por Michoacán Julio César Godoy, quien aún se encuentra prófugo.
Tan sólo el año pasado, la Cámara de Diputados lo quitó el fuero a la legisladora local de Sinaloa Lucero Sánchez López, la cual había sido señalada por ingresar con documentos falsos al penal de El Altiplano para visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sumado a esto, el Congreso no ha cumplido con el acuerdo firmado en diciembre de 2012 por los partidos políticos y el presidente Enrique Peña Nieto, en donde se comprometieron a revisar el fuero y evitar los privilegios.
La reforma sobre este tema ya lleva cuatro años detenida ante las resistencias del PRI y el PAN para retirar el fuero al titular del Ejecutivo federal.
Gracias a esto, sólo existen siete estados en donde se han logrado eliminar el fuero: Baja California, Campeche, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Querétaro y la Ciudad de México, aunque en ésta última entrará en vigor hasta el 2018.
Cabe señalar que en los estados de México, Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala ni siquiera se han presentado iniciativas sobre el tema, a pesar de que algunos grupos parlamentarios se han pronunciado a favor de legislar.
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