(23 de septiembre, 2014).- Este 22 de septiembre, Enrique Peña Nieto, durante la sesión plenaria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que “el gobierno de México respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país”, sin embargo, estas declaraciones se dan en el marco de la detención –sin pruebas, según representantes de la Tribu Yaqui– de Mario Luna, vocero de la Tribu y quien fuera detenido el pasado 11 de septiembre, acusado de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.
Mario Luna fue detenido en Ciudad Obregón a las diez de la mañana del pasado 11 del presente mes, cuando transitaba en el vehículo de un amigo, con rumbo a una gasolinera. El vocero fue interceptado por un vehículo blanco sin logotipo. Según Luna, en ningún momento le dijeron el motivo de la detención, sólo le informaron que lo presentarían en “la oficina”.
Para el vocero, su detención “tiene que ver con el clima político que prevalece en el estado de Sonora, pues es prácticamente un linchamiento político de parte de Padrés” señaló en días después de su detención.
Diferentes actores sociales vinculados a la clase política o movimientos sociales, como Cuauhtémoc Cárdenas –ex candidato a la presidencia en 1988, 1994 y 2000–; Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD); Alberto Patishtán, encarcelado por 13 años y caso emblemático de la fabricación de delitos por parte del Estado y el historiador Adolfo Gilly se han manifestado para exigir la libertad del vocero Yaqui, Mario Luna.
El Acueducto Independencia sigue
En este contexto, y aunado a las declaraciones de Peña Nieto, cabe recordar que el 8 de mayo pasado se cumplió un año de que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ampara a la Tribu Yaqui, y reconoce la violación al derecho a la consulta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pues no consultaron a las comunidades para la construcción del Acueducto Independencia, en Sonora.
A pesar de las declaraciones del presidente y la resolución de la SCJN, el acueducto se mantiene en operación mientras se explota una gran cantidad de agua que pertenece a la Tribu Yaqui desde tiempos de Lázaro Cárdenas. Este actuar le ocasiona “un daño irreparable a la subsistencia cultural de estas comunidades y se trata, ni más ni menos, de un acto ilegal de la SEMARNAT”, según los representantes de la Tribu.
Peña, además mencionó en su participación en la Conferencia de los Pueblos Indígenas, que en cumplimiento de compromisos internacionales, “se ha establecido diálogo respetuoso y directo con las comunidades para orientar políticas públicas y proyectos de infraestructura en sus áreas de influencia”, sin embargo, aunque oficialmente se asegura que el proyecto del acueducto beneficiará a los pobladores de Hermosillo, los Yaquis han subrayado en reiteradas ocasiones que únicamente la industria sacará provecho.
Según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2013, “los efectos negativos (de la obra) es que puede ocasionar un trasvase de agua intercuenca, tanto en la cuenca que cede sus recursos como en la que los recibe”; además, continúa el informe, “la relación que históricamente los Yaquis han mantenido con la naturaleza es central para la reproducción de su cultura. En el caso de la tierra, ha proveído a los Yaquis de los elementos necesarios para su subsistencia por medio de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura”, esto último, como una consecuencia del orden sociocultural.
Fuente: Revolución 3.0
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