(04 de diciembre, de 2014).- El martes la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Constitución política en materia del derecho a la movilidad universal, si bien podría considerarse como un avance en derechos ciudadanos el trasfondo de la misma puede ir en detrimento de la protesta social y el uso del espacio público.
En entrevista, Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que estas reformas encaminadas hacia una Ley General de Movilidad tienen un aspecto negativo y uno negativo.
“Positivo en el sentido en el que el propio dictamen señala que la movilidad es un derecho integral y que por lo tanto una eventual ley no podría ir en contra de los derechos de reunión, de asociación y de manifestación pública, en abstracto parece que la Reforma es positiva.
No obstante ante la criminalización de la protesta social y la creación de leyes que atentan contra la integridad y seguridad de las personas que ejercen su derecho a la manifestación pública, estas modificaciones al artículo 11 constitucional podrían avalar el uso discrecional de la fuerza pública en contra de la ciudadanía.
“Nosotros (Centro ProDH) hemos ubicado que la tendencia legislativa de todo el año 2013 –en el que incluso identificamos alrededor de 20 iniciativas o algunas que ya son ley como la Ley Bala, la Ley de Quintana Roo y la propia ley del Distrito Federal, la tendencia– no sólo ha sido criminalizar la protesta social y hacer un uso desproporcionado de la fuerza pública en contextos de manifestación, incluso es de abierta represión”.
En Puebla la Ley Bala –que cobró la vida del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años de edad, originario de la comunidad de Chalchihuapan–; en Quintana Roo la Ley Borge, y en la Ciudad de México la Ley de Movilidad son el ejemplo de que “el Estado ve las manifestaciones como un problema y no como el ejercicio de un derecho, el Estado en lugar de garantizar la manifestación pública […] la concibe desde un enfoque punitivo y su única respuesta es la fuerza. Lo que nos preocupa (de las reformas constitucionales) es que pueda seguirse consolidando esta tendencia altamente restrictiva y violatoria de derechos humanos”, subrayó Simón Hernández.
En el contexto de movilizaciones sociales generadas a raíz de la indignación de la sociedad civil, realizadas principalmente en el Distrito Federal y en el estado de Guerrero, como consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por parte de policías municipales y el crimen organizado en la ciudad de Iguala, la lectura de estas reformas nos lleva a preguntarnos cuál es el trasfondo de las mismas.
Cabe señalar que como sucedió con las reformas en materia de Telecomunicaciones y Energía e hidrocarburos, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los que avalaron las reformas constitucionales con 292 votos a favor.
El panista Marcos Aguilar Vega, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias indicó en tribuna y en defensa de la legislación, que “podemos decidirnos a recuperar la calidad de vida que haga posible rescatar las calles y espacios públicos como algo más que canales de transporte, haciendo de ellos lugares de convivencia que fortalezcan el tejido social”.
Lo cual podría considerarse como un discurso en dos sentidos. El primero, que se debería revertir la privatización del espacio público –como lo pueden ser calles, parques con jardineras enrejadas, sin bancas y resguardadas por elementos de seguridad– por lo que tendrían que ser reabiertas a favor de la población en general, por ejemplo.
El segundo que dadas las tomas temporales de avenidas y calles primarias por cientos de miles de personas permitiría el uso discrecional de la fuerza pública, como expresó Simón Hernández.
Toda vez que la “manifestación pública se está convirtiendo, quizás, en el último elemento de participación política y de control democrático directo frente a los poderes públicos, en un mecanismo necesario ante un déficit institucional así como ante la falta de garantía de derechos y la abierta violación de derechos humanos por parte del Estado”, apuntó Hernández.
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