Ciudad de México, 2 de diciembre.– Organizaciones de la Sociedad Civil alertaron que de último minuto, sin el consentimiento de la ciudadanía, el Senado modificó la redacción original de la iniciativa para crear la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en algunos artículos, modificaciones que desde su punto de vista generarán áreas de opacidad porque amplían el catálogo de reservas que los sujetos obligados pueden recurrir para no publicar información.
El primero y más grave, coincidieron organizaciones agrupadas en el Colectivo por la Transparencia, es el cambio que permite al Gobierno federal reservar información con el argumento de que los datos pueden dañar la estabilidad económica del país. “Nos parece una reserva muy abierta que puede dar lugar a que la información que es importante en el ejercicio de recursos públicos quede limitada”, aseveró Gabriela Morales de la organización México Infórmate.
“La estabilidad económica puede ser cualquier cosa, como podemos ver ahorita la fluctuación del peso es baja y es derivado de la corrupción, y escándalos de violaciones graves a derechos humanos y esta información no puede reservarse bajo ninguna consideración”, coincidió Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, en entrevista para SinEmbargo. Organizaciones de la Sociedad Civil que redactaron el primer borrador que sirvió de base para la iniciativa en comento, advirtieron que la última parte del proceso de redacción corrió a cargo de senadores de las principales fuerzas políticas, quienes resolvieron los “temas sensibles” solo con sus equipos de trabajo, sin la presencia de los representantes ciudadanos. En este sentido, rechazaron algunas disposiciones incluidas de “última hora”.
Sin desmeritar otros avances que se lograrán con la nueva norma, como son sujetos obligados de transparentar recursos públicos a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, las organizaciones destacaron tres puntos relevantes que fueron cambiados sin previo aviso. Por ejemplo, la redacción final establece en el artículo 113 como información reservada aquella que “pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, la cual se sumará a clasificaciones ya existentes como el “interés legítimo de la seguridad nacional”, “violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad” o información que “pueda causar un daño significativo a las negociaciones y relaciones internacionales”.
Sobre los riesgos de dejar de forma tan amplia el catálogo de información reservada, Guillermo Noriega, de la organización Sonora Ciudadana, recordó un caso específico. “En Sonora una vez se reservó el padrón de beneficiarios de una partida gubernamental, porque podría ocasionar un escándalo político y que a su vez generaría inestabilidad económica al estado. Ellos pueden reservar cualquier cosa y eso nos genera preocupación”, alertó.
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