En la víspera que sea presentado un nuevo plan anticrimen para el país, sustentado en otro esquema de mandos policiales, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que los elementos de seguridad reprobados en los exámenes de control de confianza deben ser despedidos.
El más reciente reporte de las entidades federativas, entregado al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indica que 38 mil 693 elementos estatales y municipales de instituciones de seguridad pública no aprobaron las evaluaciones, además de unos 3 mil adscritos a instancias federales, como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración.
En los ayuntamientos es donde hay mayores porcentajes de no aprobados, a quienes el SNSP clasifica también como en proceso de depuración
.
Hemos sido claros con los gobernadores, con las entidades, que tienen que separarlos de su responsabilidad. No pueden estar en las calles en funciones de policía, en ningún estado o municipio
, dijo Osorio Chong.
De la convocatoria
que emitirá hoy el presidente Enrique Peña Nieto ante funcionarios, legisladores y representantes de grupos civiles, confirmó –como lo adelantó este diario– que se propondrán cambios a fondo en el mando único policial.
“Es parte de lo que veníamos trabajando junto con los municipios y estados. Por supuesto que es un momento para hacerlo uniforme para todo el país.
Hoy tenemos prácticamente en todo el país diferentes convenios y acuerdos entre gobernadores y presidentes municipales que hablan de mando único. Lo que hay qué hacer es uniformar esos acuerdos
, señaló en entrevista.
La nueva convocatoria presidencial (en la que no se descarta la promoción de iniciativas de reforma a las leyes vinculadas con las atribuciones de los municipios en materia de seguridad) tiene su origen en el ataque y desaparición de un grupo de normalistas de Guerrero.
En México hay más de 400 mil policías estatales y municipales. Según los diagnósticos oficiales, en estas últimas se concentra el mayor problema de infiltración del crimen organizado, debido a su bajo nivel de capacitación, ingresos salariales y prestaciones sociales.
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