MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Los 11 estudiantes (8 hombres y 3 mujeres) detenidos tras el violento desalojo del Zócalo capitalino durante la noche del jueves 20 fueron trasladados este sábado a las 7:00 horas al penal de máxima de Veracruz en el caso de los varones y al de Nayarit en el caso de las mujeres, dio a conocer Eliana García, subprocuradora de Derechos Humanos de la SEIDO hace unos momentos.
Los jóvenes permanecieron en la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y no pudieron tener acceso a otro abogado más que al defensor de oficio, denunciaron sus familiares.
Inicialmente las autoridades les imputaron los delitos de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de homicidio, de los más graves contemplados en las leyes mexicanas. Posteriormente les quitaron los cargos de delincuencia organizada -que cambiaron por asociación delictuosa- y terrorismo, según el abogado Alejandro Jiménez, quien sostuvo una reunión con el MP encargado de la averiguación previa.
Familiares y compañeros denuncian que los jóvenes fueron sometidos de manera arbitraria y que varios de ellos fueron golpeados.
Alejandro Jiménez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, anunció esta mañana en conferencia de prensa que había solicitado a las autoridades los videos que supuestamente demuestran la responsabilidad de los 11 detenidos en los delitos imputados.
Agregó que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que otorgue tres medidas precautorias.
A través de estas medidas buscaba poder ingresar a la SEIDO para dialogar con los jóvenes. También exige de las autoridades que den a conocer los motivos que llevaron a policías del Distrito Federal a entregar a los jóvenes a la Policía Federal, que posteriormente los trasladó a la SEIDO.
La tercera medida precautoria buscaba impedir que, en el caso de que las autoridades decidieran trasladar a los detenidos a un reclusorio, éste se encontrara en el DF.
“En el momento de tensión que vive el país, si la Procuraduría General de la República quiere recuperar su credibilidad, debe dejar de hacer un uso político del sistema penal; el gobierno federal debe cesar de hacer un uso político de la Procuraduría”, aseveró Jiménez.
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