Ante la oleada de despojos que viven los pueblos y comunidades indígenas y mestizas a lo largo de todo el territorio nacional, en favor exclusivo de empresas transnacionales y algunas nacionales de los sectores energético, automotriz, mobiliario y de minería; y ante el caso omiso por las autoridades mexicanas en materia legal y de Derechos Humanos; líderes campesinos y comunitarios en conjunto con algunos legisladores presentarán una solicitud de pronunciamiento a la Organización de las Naciones Unidas.
Será en el marco de la celebración de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, en septiembre próximo, con el objetivo de que en la misma se apruebe un “Pronunciamiento” para poner freno al despojo de tierras, en su mayoría dedicadas a la agricultura y ganadería, así como para impedir el despojo de propiedades en áreas rurales y urbanas que se prevé en la legislación secundaria en materia de Energía e Hidrocarburos.
Cerca del 90 por ciento de las tierras concesionadas a transnacionales mineras, corresponden a pueblos originarios, así lo indicó el diputado perredista, Carlos de Jesús Alejandro. Territorio que mediante el “mecanismo de ocupación” que se planea incluir dentro de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos –donde las beneficiarias serán las grandes megapetroleras, Shell, ExxonMobile, British Petroleum y Chevron–, prácticamente millones de personas perderán su forma de sustento y serán orillados a migrar.
Pese a que el gobierno federal ha reiterado que no se trata de una expropiación como tal, sino de “ocupación temporal” (en voz del procurador fiscal, Javier Laynez), ya en sus comunidades se encuentran gasoductos, termoeléctricas, e incluso en el norte del país, ya se lleva acabo el nombrado “fracking”, técnica de extracción de gas shale, cuyos habitantes ya empiezan a padecer debido al consecuente desabasto de agua, tanto en zonas agrícolas como residenciales.
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