(30 de junio, 2014).- En la discusión sobre las leyes secundarias en materia de energía existe un punto de discordia: la figura de expropiación. Dolores Padierna y Luis Sánchez, senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicaron que en la ley de hidrocarburos y la de órganos reguladores se obliga a los propietarios de terrenos donde se hayan localizado energéticos a llegar a un acuerdo con las empresas extranjeras sobre el valor de sus tierras. De no ocurrir el consenso, la Secretaría de Energía (Sener) estaría facultada para, en un plazo de 10 días, expropiar los terrenos por causa de utilidad pública.
Al respecto, el senador panista Francisco Búrquez indicó que su bancada está proponiendo que las tierras no se vendan y el alquiler incluya algún porcentaje de la utilidades obtenidas por las empresas petroleras o de electricidad.
Luis Sánchez considera que las actuales reformas colocan a los ciudadanos en un plano de indefensión, pues antes de la expropiación petrolera había más seguridad en la materia, ya que la legislación de 1925 establecía que las compañías extranjeras debían pagar 11 por ciento de sus utilidades a los dueños de los terrenos donde explotaban los hidrocarburos.
En contraste, la actual propuesta del Ejecutivo pretende fijar el valor de los terrenos con base en el precio inmobiliario de mercado y omitiendo el valor de recursos existente en el subsuelo.
En opinión de Padierna, el otro tema controversial son las llamadas servidumbres o zonas de salvaguarda, que son aquellas donde existen inmensas riquezas de hidrocarburos, recursos geotérmicos, de agua, minerales o de gas, pero también las superficies donde se instalarán los nuevos negocios pactados ya con las trasnacionales y los magnates mexicanos: plantas generadoras de electricidad, centros de generación, gasoductos, termoeléctricas, plantas geotérmicas y redes de interconexión, entre otras”.
La iniciativa del Ejecutivo pretende argumentar la utilidad pública para despojar a los pobladores; sin embargo, las ganancias serían en beneficio de consorcios extranjeros. El texto también faculta al Instituto Nacional de Avalúos para cotizar el valor de mercado de un predio. Con base en la dictaminación de dicho organismo, los terratenientes estarían obligados a llegar a un acuerdo con las trasnacionales. Ya que en los avalúos no se contemplaría la riqueza del subsuelo, los precios por hectárea oscilarían entre los cinco hasta los 240 pesos.
En opinión de Padierna, “Peña Nieto transcribe la regulación de Estados Unidos en la materia, con contratos que incluyen los recursos energéticos y el terreno en que están localizados, pero con un procedimiento aún más perverso”.
Fuente: Revolución 3.0
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