La policía del gobierno de Puebla estaba preparada -desde un día antes- para atacar a los manifestantes que cerraron la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio pasado, en los hechos que derivaron en la muerte del menor José Luis Alberto Tlahuatlie Tamayo.
Nunca consideró la posibilidad de establecer un diálogo con ellos e incluso lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes, aún cuando éstos no habían atacado a la policía.
La policía poblana no se quedó ahí: también mintió en los informes que elaboró sobre el enfrentamiento.
Esto concluye la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su investigación sobre los hechos ocurridos en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, el pasado 9 de julio.
Acuartelados un día antes
La investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que el gobierno del estado sabía y se preparó para una enfrentamiento con los manifestantes que cerraron la autopista Puebla Atlixco a la altura del kilómetro 14, en las entrada de San Bernardino Chalchihuapan, lo que derivó en la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Los 426 policías que intervinieron en el operativo Pegaso, como se denominó oficialmente,fueron citados y encuartelados desde las 23 horas del 8 de julio, el día previo al enfrentamiento, y comenzaron a llegar a las inmediaciones de Chalchihuapan, donde sería cerrada la autopista, cerca de las 10 de la mañana.
En el operativo, en contraste, se minimizó la posibilidad de entablar un diálogo con los manifestantes, pues de acuerdo con la CNDH, a pesar de que con antelación se sabía de la manifestación, el representante de la Secretaría General de Gobierno -un funcionario adscrito a la subsecretaría de Subsecretaría de Asuntos Políticos y Protección Civil- llegó con retraso a la zona del conflicto y, cuando lo hizo, el coordinador del operativo policial ya había planteado a los quejosos que tenían cinco minutos para disolver la protesta, antes de comenzar el desalojo.
De acuerdo con el funcionario, del que se omite el nombre en el informe, “ya no había condiciones para acercarse a dialogar con los manifestantes, como se lo había indicado un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla”, a pesar -según la CNDH- “que el motivo de su presencia en ese lugar era ofrecer la vía del diálogo y buscar una solución pacífica con los manifestantes.”
También se señala que la confrontación fue iniciada por la policía del estado con el lanzamiento de granadas para desalojar la vialidad: “Llama la atención el hecho de que el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en sus oficios SSPEP/DGAJ/09436/2014 y SSPEP/DGAJ/10042/2014, de 31 de julio y 11 de agosto, ambos de 2014, señalara que los manifestantes iniciaron los actos de violencia al lanzar piedras a los elementos de la Policía Estatal Preventiva (…)
“Por el contrario, los videos de los que se allegó esta Comisión Nacional indican que la situación no sucedió de esa manera, ya que si bien algunos de los manifestantes colocaron objetos, como piedras y palos, sobre el arroyo vehicular de la multicitada carretera estatal 438-D, lo cierto es que las agresiones no comenzaron antes de que los elementos policiales lanzaran las primeras granadas de gas.”
Al respecto, y a pesar de todas las evidencias, Facundo Rosas Rosas sostuvo que fue hasta las 12 horas del 9 de julio, es decir un par de horas antes de que se iniciara la confrontación, que la policía estatal fue informada del cierre de la vialidad a través de un reporte del C4.
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