La vida de muchas mujeres en México pende de un constante golpeteo entre el empuje de las organizaciones de la sociedad civil, que buscan perfeccionar sus estrategias para hacer efectiva la Alerta de Violencia Género, y la “resistencia” de los gobiernos por reconocer que la violencia feminicida es tal que a diario cobra 7.2 vidas, tanto de niñas como de jóvenes, adultas y adultas mayores.
A principios de 2007 –de la mano de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)– fue concebida la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Figura jurídica “novedosa” que, sin embargo, ha devenido en instrumento decorativo.
La Alerta de Violencia de Género data de hace 7 años. Aunque la sociedad civil ha promovido 10 solicitudes de Alerta, ésta jamás ha sido declarada, facultad que compete a la Secretaría de Gobernación (Segob). La declaratoria implicaría la puesta en marcha de un conjunto de acciones gubernamentales preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar o abatir la violencia feminicida en el territorio en alusión.
La primera solicitud de Alerta de Violencia de Género data del 30 de abril de 2008. Fue promovida por el Observatorio Ciudadano Nacional del Femincidio (OCNF) con motivo de la violencia feminicida y los secuestros de niñas y mujeres en la zona triqui de Oaxaca. Después vendrían las de Guanajuato (5 de junio de 2009), Estado de México (8 de diciembre de 2010), Nuevo León (13 de enero de 2012), Hidalgo (11 de marzo de 2013), Guanajuato (15 de agosto de 2013), Morelos (4 de septiembre de 2013), Chiapas (25 noviembre 2013), Guanajuato (20 de marzo de 2014) y Morelos (27 de mayo de 2014).
Ante la supuesta inacción de las instancias oficiales, organizaciones civiles como el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y el OCNF han asumido el papel que corresponde al Estado: con recursos propios han decretado alertas ciudadanas en Chiapas y Estado de México. Su batalla ha llegado incluso a los tribunales: se han amparado luego de la negativa institucional de emprender, siquiera, la investigación para determinar la procedencia o no de la Alerta de Violencia de Género.
El Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género se creó en 2008 con un presupuesto de 15 millones de pesos. En virtud del subejercicio de estos dineros, la Segob se dio a la tarea de constituir el Fideicomiso Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, que para 2013 contaba ya con 21 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados (Contralínea 350).
Hoy, el destino de esos recursos es incierto, e incluso la cantidad con la que actualmente cuenta el Fideicomiso podría haber disminuido, señalan los entrevistados.
Verónica Cruz Sánchez, directora Ejecutiva del Centro las Libres de Información en Salud Sexual, comenta que, a través de los instrumentos de transparencia, la Segob le reportó que el recurso para la operación de la Alerta de Violencia de Género es de 5 millones de pesos.
—Dado que el mecanismo de Alerta ha resultado inoperante, ¿qué ocurre con el presupuesto que tiene destinado? –se le pregunta a Pablo Navarrete, quien desde hace 7 años se desempeña como coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
—Eso es un tema que lleva [la Secretaría de] Gobernación y yo ahí suplicaría que más bien le preguntaran a ellos –responde, tajante, el funcionario.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, guarda silencio. Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Alejandra Negrete Morayta, titular de la misma, pero “por cuestiones de agenda” la funcionaria no accedió a la petición. No obstante, la Segob –en voz de Karla Olmos, directora de Relaciones Públicas– se comprometió a responder por escrito el cuestionario elaborado por este semanario. Al cierre de la edición no hubo respuesta.
En el Reglamento, los obstáculos
Los principales obstáculos para la operación de la Alerta de Violencia Género están inscritos en el Reglamento de la LGAMVLV, elaborado por el Ejecutivo federal, entonces representado por Felipe Calderón Hinojosa. Por eso, el 25 de noviembre de 2013 fue reformado. Como lo reconoce Pablo Navarrete Gutiérrez, el procedimiento anterior “rayaba en lo arcaico”, “constituía un conflicto de intereses” y “provocaba una politización excesiva”. En contraste, el nuevo Reglamento permitiría que ahora sí se decrete la Alerta y se protejan los derechos humanos de las mujeres.
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