(30 de junio, 2014).- La ley de Hidrocarburos enviada por Enrique Peña Nieto al Senado permite la expropiación de terrenos para proyectos de explotación de petróleo o gas natural de empresas privadas.
La iniciativa propone que en casos donde los contratistas de un proyecto energético no lleguen a un acuerdo sobre el monto a pagar a los habitantes de un predio, se utilice un recurso llamado “servidumbre legal”.
El proceso pretende evitar los conflictos que se han presentado en el sector minero o de energías renovables, donde los grupos ejidales en zonas rurales han representado el mayor obstáculo para la voracidad de las empresas trasnacionales.
Debido a que en México los hidrocarburos son propiedad de la nación, los propietarios de los terrenos no pueden recibir un porcentaje de las utilidades que genera la explotación de sus tierras.
Ignacio Lozano, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la retribución justa para una comunidad debe contemplar el valor actual y quizá las utilidades futuras de producción. Como eso implicaría un aumento en el costo de la tierra, la iniciativa prevé que, de no llegar a un acuerdo, las petroleras pueden acudir al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) para solicitar una valuación.
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