(16 de julio, 2014).- Los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan fueron las primeras víctimas que experimentaron la aplicación de la llamada #LeyBala en Puebla, orquestada por el gobernador Rafael Moreno Valle.
El pasado miércoles 9 de julio, la Policía Estatal hizo uso arbitrario y excesivo de la fuerza, para reprimir una manifestación en la autopista Puebla-Atlixco. El saldo: más de 70 heridos, entre los que se incluye a un menor de 13 años –José Luis Tehuatlie Tamayo– que simplemente pasaba por el lugar durante los hechos y ahora se encuentra en estado crítico.
Los uniformados dispararon balas de goma contra los inconformes a menos de 30 metros de distancia, como lo indica el protocolo, para activar los gases tóxicos de dichas armas –consideradas no letales pero sí de gran impacto–, y no hacia el suelo como habían asegurado en un principio, cuando se les acuso de agresión directa.
Luego de este incidente represivo y que cinco juzgados del Distrito del Poder Judicial de la Federación admitieran a trámite los amparos que se presentaron para dar marcha atrás a estaLey para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales en Puebla, finalmente se concedió que fuera suspendida de manera definitiva.
La orden del juez decreta que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla”, mientras se esté ejerciendo el “derecho de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social ha considerado que de esta manera por fin se ha decidido garantizar los derechos humanos de los poblanos, ya que además de permitir las protestas de ahora en adelante, sin riesgo de que los manifestantes sean atacados por las autoridades con permiso de la ley, se deja un precedente para darle prioridad a los ciudadanos, en lugar de omitir sus derechos a cambio de beneficiar los intereses de quienes se oponen a la libertad de expresión y buscan criminalizar la protesta; como es en este caso el gobernador Moreno Valle.
Asimismo, el Frente advirtió que seguirá atento y a la espera de que los demás amparos presentados lleven a resoluciones favorables para la protección de los derechos humanos no sólo en Puebla, sino también en otros estados que cuentan con sistemas represores, como Chiapas y Quintana Roo.
De igual forma, los integrantes del Frente exigieron que el caso de San Bernardino Chalchihuapan sea investigado para que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.
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