(06 de septiembre 2014).- El término “tortura” sólo aparece en cinco ocasiones en el Segundo Informe de Peña Nieto de las cuales tres se encuentran en el apartado “México con responsabilidad global” y las dos restantes se encuentran en el apartado que habla de Derechos Humanos; al mandatario se le olvidó colocar las cifras que hacen hincapié desde el 2013 cuando la CNDH recibió 3 mil 842 denuncias cometidas por instituciones federales de seguridad pública: el ejército, la marina, la PGR, la policía federal y el personal penitenciario federal.
De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), la tortura sigue siendo práctica generalizada en la actuación de fuerzas policiacas, militares y de seguridad en México. Al respecto, es frecuente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, agentes del Ministerio Público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos justifiquen, toleren o hagan caso omiso de este delito.
En su informe Tortura y otros malos tratos que se presentó el día de ayer, menciona que la tortura se usa a menudo para obtener “confesiones” y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían o no estar implicadas en un delito, lo que se traduce en juicios y condenas dudosas y envía a prisión a muchos inocentes, por lo general son en sectores vulnerables, como indígenas, migrantes, mujeres y menores de edad.
“Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener “confesiones” o para que incriminasen a otras personas en delitos graves”, menciona en su informe.
Reveló que la tortura en México está fuera de control, pues en 2013 el incremento de los casos respecto a 2003 fue de 600 por ciento. El año pasado se denunciaron mil 505 casos, pero puede que la cifra sea más elevada; de acuerdo con la organización el 64 por ciento de los mexicanos tiene miedo a ser víctima de tortura.
La organización afirma que este crimen de lesa humanidad aumentó en un 60 por ciento en los dos años de Gobierno con respecto al de su antecesor, Felipe Calderón. Amnistía Internacional destaca que a pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura.
El caso de Juan Gerardo Sánchez es uno de ellos, dormía en dormía en su cama cuando policías vestidos de civil irrumpieron en su casa el 28 de julio de 2013, pasó 30 horas incomunicado. Él junto con otros 7 hombres les vendaron los ojos, les dieron palizas, los amenazaron, les aplicaron descargas eléctricas, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza y les sumergieron la cabeza en el agua hasta casi la asfixia, para obligarles a confesar que habían robado unas armas pertenecientes a la policía municipal, hasta la fecha su denuncia no ha progresado.
Recientemente, se conoció el caso de Ángel Amílcar Colón, hondureño detenido en Tijuana cuando intentaba cruzar la frontera a los Estados Unidos y que confesó, bajo tortura, formar parte del crimen organizado, y por si fuera poco el Estado mexicano enfrenta un juicio ante la Corte Interamericana por tortura sexual a 11 mujeres detenidas en una manifestación en San Salvador Atenco en 2006.
Estos y muchos casos más, son la consecuencia de que las instituciones de seguridad pública en el país no funcionan, pues aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales, recientemente aprobado, anula cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, el Código “no formula recomendaciones específicas sobre la tortura y otros malos tratos y la obligación de investigarlos”, indicó Amnistía Internacional.
Fuente: Revolución 3.0
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