La Cámara de Diputados aprobó esta semana una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual permitirá a la Procuraduría General de la República (PGR) intervenir comunicaciones en lugares públicos para combatir a la delincuencia organizadas.
Para hacerlo, un juez deberá autorizar el permiso en menos de seis horas y la PGR no tendrá la obligación de demostrar que las personas a quienes espiará realmente operan para el crimen organizado.
Las autoridades podrán intervenir las comunicaciones utilizando cualquier medio electrónico o tecnológico a su alcance, así como dar seguimiento especial a personas e implementar operaciones encubiertas con agentes que incluso recibirán nueva identidad.
Los arraigos se mantienen con esta reforma y deberán ser autorizados por un juez. Serán por un periodo de 40 días, que podrá duplicarse solo una vez.
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