Senadores y diputados de izquierda, así como organizaciones de la sociedad civil de Puebla, demandaron el cese inmediato de la criminalización de la protesta social por parte del Gobernador Rafael Moreno Valle, luego de que se ha encarcelado de forma arbitraria a 46 activistas durante su administración.
Asimismo exigieron la libertad inmediata del líder popular y activista Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como “Simitrio”, detenido el pasado 19 de diciembre por los mismos cargos infundados que se le acusó hace 25 años y por los cuales pasó más de 11 años encarcelado en distintas prisiones estatales y federales.
“Esto es parte de la ola de criminalización que se ha venido denunciando permanentemente en el caso de Puebla y que se suma a la lista de más de 45 presos políticos en el estado”, afirmó la Diputada federal Roxana Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Asimismo, el Senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que es evidente que existe una “clara estrategia” de parte del Gobierno de Rafael Moreno Valle para “eliminar a todos aquellos que se oponen a sus políticas públicas, recurriendo a la intimidación, al hostigamiento, a la represión y al encarcelamiento”.
Para los legisladores federales es urgente la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de revisar las graves violaciones a las garantías individuales de los poblanos que de forma recurrente han sido detenidos sin justificación. Por ejemplo, durante el mandato de Moreno Valle se detuvo a Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís por ponerse a la construcción de un gasoducto en la región de Atlixco.
Ambos encarcelados en abril de este año. Asimismo, el 18 de octubre policías ministeriales irrumpieron en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan en donde fue asesinado el niño de 13 años José Luis Tehuatle Tamayo, sin que hasta la fecha el gobierno de Puebla haya asumido su responsabilidad por impulsar la llamada “Ley Bala”.
Por el contrario, el gobierno de Moreno Valle detuvo a cinco personas con excesivo uso de la fuerza pública, y se reportó que incluso los policías que realizaron las detenciones amenazaron a los familiares de los indiciados y encañonaron a menores de edad.
“Solicitaremos de manera urgente que ante la violación de derechos humano en Puebla, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda nombrar una comisión especial que investigue todos los hechos ocurridos en el estado”, adelantó la Diputada Roxana Luna. Por otra parte, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y las organizaciones que integran el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), demandaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que cese el hostigamiento contra activistas en Puebla.
“El 25 de noviembre nos reunimos con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, y había un compromiso por escrito del subsecretario que no iba a ejecutar más órdenes de aprehensión en Puebla. Sin embargo, el día viernes se ejecuta una reaprehensión del compañero Rubén Sarabia ‘Simitrio’, que tiene que ver básicamente con su actividad política”, recordó Francisco Jiménez, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
“Por lo que exigimos en esta tribuna [la Cámara de Diputados] y por estos medios al gobierno federal para que intervenga y cese la represión”, destacó. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que “Simitrio” se ha convertido en el número 46 de los presos políticos de Puebla, en medio de una crisis política que no solo toca a Puebla, sino a todo el país en general.
Tomado de sinembargo.mx
Sé parte de la conversación