(6 de septiembre, 2014).- Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), -en 2013- en México, más de 8 millones de mujeres indígenas vivían en condiciones de violencia intrafamiliar, abusos, agresiones físicas y morales, además de no tener acceso a servicios de salud y educación. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que en 2012, más de 3 millones de mujeres indígenas en México no satisfacían sus necesidades alimenticias básicas.
En 2012, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 8 mil 502 indígenas fueron encarcelados injustamente, de los cuales, el 10 por ciento corresponde a mujeres. En muchos de esos casos, saber en español sólo las palabras “sí” o “no” fue su delito.
Además de la violencia intrafamiliar o el poco -o nulo- acceso a servicios como salud o educación, las mujeres indígenas son presas de discriminación, abusos de autoridad y en muchos casos, de violaciones graves de derechos humanos. Un caso paradigmático ocurrió en junio de 1994.
Un grupo de militares detuvo en un retén a Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (todas ellas indígenas tzeltales) en el estado de Chiapas. Con el pretexto de un interrogatorio las mantuvieron privadas de su libertad por dos horas. En ese lapso de tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre y fueron golpeadas y violadas.
Este hecho ocurrió el 4 de junio de ese 1994. Las hermanas Gonzáles, a finales de ese mismo mes, con base en un examen médico ginecológico, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal. En septiembre de ese mismo año, su expediente fue archivado, bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso”.
En 1996 el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue hasta abril de 2001, que la CIDH declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por estos hechos y emitió las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:
1.- Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González.
2. Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.
Han pasado más de 20 años del hecho y más de 10 de la resolución de la CIDH, y México ha incumplido con las recomendaciones.
Fuente: Revolución 3.0
Sé parte de la conversación